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Gobierno rechaza publicación de la lista de actores corruptos de los EE.UU.

A través de un comunicado, el Gobierno señaló que la lista no puede ser considerada como un instrumento vinculante en la legislación de Guatemala.

El Gobierno de Guatemala emitió de forma inmediata un comunicado este miércoles 19 de julio, rechazando la lista de “actores corruptos y antidemocráticos” del Triángulo Norte centroamericano, conocida como “Lista Engel” del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

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El gobierno manifestó su firme rechazo a esta publicación, la cual considera subjetiva y carente de garantías de legítima defensa a través del debido proceso judicial, lo que vulnera el principio universal de presunción de inocencia.

Además, condenó estas acciones que considera una clara violación de los derechos fundamentales de las personas señaladas. También señaló que esta lista es utilizada como una herramienta política en contra de operadores de justicia que no responden a intereses de una agenda ideológica externa. Por ello, se exige respeto a la independencia de los poderes del Estado y a la soberanía de la nación.

No tiene carácter vinculante

Asimismo, destacó que expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas consideran esta lista como una forma de imponer jurisdicción a personas en el extranjero, lo cual perjudica sus derechos humanos y vulnera su presunción de inocencia y derecho al debido proceso.

El Gobierno de Guatemala reiteró que esta lista no tiene carácter vinculante en la legislación guatemalteca, ya que se basa en acusaciones mediáticas infundadas. En este sentido, se compromete a trabajar por la defensa de la soberanía del país y a enfrentar cualquier injerencia externa en asuntos internos, así como la utilización de herramientas políticas abusivas en contra de los guatemaltecos.

Lista Engel

El listado emitido por Estados Unidos incluye al juez Fredy Orellana y la fiscal de la FECI, Cynthia Monterroso que dirigió los allanamientos la semana pasada en el Registro de Ciudadanos, además de Lesther Castellanos, Walter Mazariegos, entre otros personajes.

  • Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, actual fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
  • Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, incurrió en una importante corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y comisiones ilegales, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
  • Fredy Raúl Orellana Letona, juez que socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
  • Gendri Rocael Reyes Mazariegos, exministro del interior, involucrado en una importante corrupción.
  • Joviel Acevedo Ayala, actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), incurrió en una importante corrupción al brindar apoyo político a STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.
  • Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
  • Lesther Castellanos Rodas, ex juez y actual relator guatemalteco contra la tortura, socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
  • Melvin Quijivix Vega, el actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, incurrió en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada.
  • Omar Ricardo Barrios Osorio, actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
  • Walter Ramiro Mazariegos Biolis, Rector de la Universidad San Carlos, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento.

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