El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer que ha concluido la preparación y trasladado de las más de 24 mil cajas electorales para la segunda vuelta electoral, a realizarse el próximo domingo, 20 de agosto.
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Las cajas contienen materiales y documentos electorales entre ellos el padrón electoral, las papeletas y las actas.
“Con esto se da cumplimiento a los trabajos planificados para que la fiesta electoral, la segunda elección de binomio presidencial, se realice el próximo domingo 20 de agosto”, indicó el ente electoral.
Asimismo, se informó que los trabajos de embalaje iniciaron el jueves 10 de agosto en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral instalado en el Parque de la Industria.
Detectan “irregularidades”
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) informó que la investigación que se lleva a cabo por la conformación del partido Movimiento Semilla es integral.
Curruchiche agregó que de momento se han identificado mil 124 irregularidades en el 20 por ciento de las más de 25 mil firmas que se presentaron para la inscripción de la agrupación política.
“Hasta el día de hoy nosotros hemos logrado establecer que hay 18 personas fallecidas y que fueron afiliadas al partido político Movimiento Semilla, falsificando su letra y su firma. Aunado a eso hay 319 personas que no existen en cuanto a su nombre. Y lo más grave es que hay 613 personas cuyos nombres y números de DPI fueron inventados, son falsos”, dijo.
Pero el fiscal también aseguró sobre las posibles capturas en contra de dirigentes del partido Semilla, “después del 20 de agosto”.
“No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio [levantar fueros] después del 20 de agosto”, declaró el fiscal a periodistas en el edificio de los tribunales en la capital.
“Estimo que después del 20 de agosto tendrán que registrar en el sistema la suspensión del partido político” Semilla, dijo Curruchiche en alusión a una medida ya ordenada por el controvertido juez Fredy Orellana, pero revocada por la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad.
