El plan de la jefa del Ministerio Público (MP) contra el proceso electoral no cesa. Ayer, con el apoyo del juez Fredy Orellana, lograron lo que no se había observado en los 38 años de democracia.
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Una vez más, una fiscalía que no tiene competencia llegó a los salones 8 y 9 del Parque de la Industria, donde abrió 160 cajas con las papeletas electorales de la primera vuelta para investigar el supuesto “fraude” que denunció Sandra Torres y su partido, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
De acuerdo con constituyentes, la acción de los fiscales, liderada por Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, es un rompimiento constitucional, lo que precede a un golpe de Estado técnico, ya que las cajas nunca se han abierto sin la presencia de las Juntas Receptoras de Votos ni de los fiscales de las agrupaciones políticas.
La autorización del allanamiento en el Registro de Ciudadanos fue hecha por el juez Fredy Orellana y autorizaba a los fiscales a hacer el cateo hasta por 15 días y secuestrar computadoras y celulares, para “continuar con la investigación”.
Además, misiones electorales y organismos internacionales mostraron su preocupación por no respetar la voluntad de la población.
No se responsabilizan
El actuar de la fiscal general, señalaron los magistrados del ente electoral, va más allá de una investigación porque no respeta la voluntad expresada en las urnas. A la vez, es una violación a los derechos cívicos y políticos de los ciudadanos.
La presidenta de TSE, Irma Palencia, resaltó que fue “grotesco” observar las papeletas de una caja electoral en el suelo, ya que no dieron la autorización para abrirla, lo cual no se garantiza por el tratamiento que los fiscales le den a la documentación.
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Sin embargo, Palencia evitó mencionar las acciones legales que tomarán. Pero resaltó que las autoridades electas para presidencia, diputados y alcaldes no podrán cambiarse, ya que se adjudicaron los cargos.
Asimismo, los magistrados Blanca Alfaro y Gabriel Aguilera le hicieron un llamado a la fiscal general para actuar conforme a la ley y estar “vigilante” de la ley.
Piden renuncia a jefa del MP
Las últimas decisiones de la fiscal y su equipo sigue preocupando por el respeto al Estado de derecho.
El presidente y vicepresidenta electos, Bernardo Arévalo, y Karin Herrera, solicitaron públicamente, una vez más, la renuncia de la jefa del Ministerio Público y del juez Orellana, así como de Curruchiche y Monterroso.
En caso de no escuchar la demanda ciudadana, Arévalo anunció que solicitarán el retiro de la inmunidad de Porras y Orellana. También presentarán una querella contra los fiscales de la FECI por acciones violatorias a la Constitución.
El presidente electo instó a los funcionarios a no acatar órdenes ilegales y pidió el acompañamiento de la población.
Incongruencias del MP
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, argumentó que derivado de la denuncia por anomalías, que no han sido confirmadas, verificarán las cajas electorales. No obstante, el ente electoral recalcó que en la orden judicial no se detalla que se pueden abrir las cajas, lo cual sería una ilegalidad. El fiscal también negó que dicho caso estuviera vinculado a la investigación contra el Movimiento Semilla, pero contiene el mismo número de investigación.
Derivado de las acciones del MP, el gobierno electo suspendió continuar con el proceso de transición, pero el presidente Alejandro Giammattei lamentó la decisión, ya que fue un proceso ajeno.
“Las acciones del MP y la orden judicial, con especial gravedad, representan una intromisión de autoridades con competencia en materia penal. En asuntos de competencia constitucional, regulados, exclusivo y especializado, en los procedimientos y normas que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ninguna fiscalía y juez son competentes”, Misión de Observación Electoral Guatemala
“Estas acciones constituyen una prueba más de que el MP. Lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales. Al personal electoral y a las miles de personas que con compromiso llevaron adelante las dos jornadas de votación”, Organización de los Estados Americanos (OEA)
