El actuar del gobierno de Alejandro Giammattei y de la fiscal general, Consuelo Porras, preocupa a sectores vinculados al comercio internacional debido a las constantes amenazas a los resultados electorales. Excancilleres advierten sobre posibles sanciones económicas y financieras que podrían aumentar la pobreza en el país.
Según el exembajador Edgar Gutiérrez, la democracia guatemalteca se encuentra en una situación crítica, y su recuperación dependerá de la asunción del presidente electo el 14 de enero. La falta de una transición democrática podría llevar a que el país sea declarado no democrático, lo que conllevaría la aplicación de la Carta Democrática y sanciones financieras, comerciales y de seguridad.
Gutiérrez mencionó el temor de que se repita el escenario de Perú, donde el Congreso inició un juicio político contra el presidente para destituirlo y procesarlo.
Guatemala, aislamiento internacional
Además, preocupa el aislamiento internacional. La semana pasada, la fiscal general y el juez Fredy Orellana abrieron cajas que contenían votos de la primera vuelta electoral, lo que motivó a los diplomáticos ante la OEA a conocer un informe sobre la situación en el país.
Desde la perspectiva del excanciller Gert Rosenthal, las decisiones tomadas en el organismo internacional pueden marginar a Guatemala, perdiendo relaciones internacionales y sufriendo impactos negativos en la economía. El país depende en gran medida de la economía mundial y podría enfrentar repercusiones políticas y económicas si la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina se pronuncian en su contra.
Rosenthal subrayó la importancia de consolidar la democracia en el organismo donde Guatemala es miembro, pero advirtió que el futuro es desalentador si continúan las acciones que no respetan acuerdos de décadas atrás.
En la última reunión de la OEA, los embajadores expresaron su preocupación por la criminalización del proceso electoral por parte del Ministerio Público y solicitaron el cese de estas acciones desde las entidades gubernamentales. El Tribunal Supremo Electoral denunció que no se respetó la Ley Electoral y de Partidos Políticos, debido a la falta de custodia adecuada de los votos, lo que generó controversia en torno a la documentación de 70 cajas revisadas por el fiscal Rafael Curruchiche en el Parque de la Industria.