La Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán se pronunció este lunes 9 de octubre por los distintos incidentes de vandalismo y violencia ocurridos durante algunas protestas, y asegura que se trata de un plan para criminalizar las manifestaciones pacíficas que se realizan desde el pasado 2 de octubre.
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“Durante ocho días consecutivos hemos realizado protestas de manera pacífica, ordenada y con respeto, permitiendo el paso de vehículos de salud, ambulancias, personal médicos o personas en vulnerabilidad. Sin embargo, desde el pasado 3 de octubre fueron develados los planes de la fiscal general Consuelo Porras, de criminalizar la legitima protesta que estamos ejerciendo, generando provocación con grupos de choque”, indica el comunicado de la Junta Directiva.
Los líderes indígenas señalaron que llama la atención el mensaje del ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos del pasado domingo, que se refirió al uso de la fuerza en caso de actos vandálicos, y que a primera hora de este lunes, la fiscal general, Consuelo Porras, emita un mensaje similar, previo a que se registrarán algunos incidentes.
“Condenamos enérgicamente los actos de vandalismo y violencia que puedan genera grupos afines a la fiscal general y al pacto de corruptos para intentar criminalizar nuestra legitima protesta”, manifestaron.
La Junta Directiva llamó a continuar de forma pacífica y con respeto, “No permitamos que los golpistas empañen nuestra lucha por la defensa de la democracia”, indica.
Criminalización
La Convergencia por los Derechos Humanos denunció que el presidente Alejandro Giammattei “con apariencia de buena voluntad solicitó la mediación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero por otro lado respalda las acciones ilegales del Ministerio Público”.
Desde el 2 de octubre se realiza el Paro Nacional Indefinido convocado por las autoridades ancestrales, quienes exigen la renuncia de Porras, del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, de la fiscal Cinthia Monterroso y del juez Fredy Orellana, cuyas acciones han atentado contra la voluntad popular y la Democracia, señaló la organización.
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A pesar de las exigencias ciudadanas, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público solicitó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) la debida ejecución de un amparo, bajo la justificación de “preservar el orden público”, con el fin de que se ordene al Presidente de la República, al Ministro de Gobernación, al Director General de la Policía Nacional Civil y al Procurador General de la Nación implementar acciones para retirar las manifestaciones ciudadanas.
“La debida ejecutoria presentada por el Ministerio Público ante la Corte de Constitucionalidad tiene como propósito vulnerar e irrespetar el derecho de reunión y manifestación pacífica, y a todas luces es una acción antiderechos.”, señaló.
