El presidente electo, Bernardo Arévalo, en entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, se refirió a las segunda semana de manifestaciones y bloqueos en el país y la solicitud del Ministerio Público (MP) de la debida ejecución del amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) relacionada con las manifestaciones ciudadanas.
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El Ministerio Público es consistente en su posición para genera condiciones que alteren el proceso constitucional, justo cuando ha llegado la misión de mediación y diálogo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó el mandatario electo.
“En este momento, en el que existe una misión de mediación, y las manifestaciones han sido, en su mayoría, pacíficas, cívicas (…) el uso de la violencia generaría una reacción que sería sumamente problemática y que podría dar lugar a que, en algún momento, las tensiones subieran, hubiera violencia”, manifestó Arévalo, agregó que está podría ser una excusa para la invocación de la ley del orden público
El presidente electo, indicó que se ha hecho el llamado a una manifestación eminentemente pacífica y que se rechace a los violentos en estas manifestaciones.
“Hemos estado hablando con todos los actores y hemos sido muy claros alrededor del principio de que lo que tiene que haber es una manifestación pacífica; insistimos en que sea eminentemente pacífica y se rechace a los violentos en el marco de estas manifestaciones. Las demandas para que se ponga fin a esta situación deben ser hechas a las autoridades que sean responsables”, manifestó
Arévalo agregó que las manifestaciones han sido espontaneas y el deseo de las autoridades ancestrales es que no verse involucrados con otros actores como el mismo partido Movimiento Semilla, por lo que no se he hecho presente en las manifestaciones.
MP responsable
Arévalo expresó que es el Ministerio Público, y específicamente la fiscal general, Consuelo Porras, la responsable de la crisis política que se está teniendo en este momento en Guatemala.
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A su criterio, existe un claro abuso de poder de parte de la funcionaria en relación al orden constitucional y una clara intención de vulnerar el proceso electoral y democrático.
A su criterio, sigue en peligro la democracia del país mientras el ente investigador no cese las acciones con las que, en su opinión, se busca vulnerar la decisión del pueblo de Guatemala expresada en las urnas el pasado 20 de agosto.
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