La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, emitió un mensaje a la población guatemalteca este lunes 9 de octubre, en el inicio de la segunda semana de bloqueos dirigidos por las autoridades indígenas que exigen la renuncia de la funcionaria a quien acusan de fraguar un “golpe de Estado” contra el presidente electo Bernardo Arévalo.
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La fiscal manifestó su “desacuerdo y desagrado por el sufrimiento de las familias, que están siendo víctimas de la violación de sus derechos y en muchos casos exponiendo su integridad física y la vida, como consecuencia de los bloqueos que se han realizado en los últimos días.”, indicó
“Reconozco el derecho a manifestar, pero en este momento un grupo de guatemaltecos están aprovechándose de dicho beneficio constitucional para generar bloqueos, saqueos, cierres obligatorios con amenazas a los comerciantes, así como la obstrucción del acceso de varias sedes del Ministerio Público a nivel nacional y a varios juzgados”, manifestó Porras.
Porras aseguró que estas “acciones ilegales” vulneran el derecho de todos los guatemaltecos y el cumplimiento del mandato legal del MP, por lo que se pone en riego el acceso a la justicia y obstruyen la persecución penal.
Porras indicó que como fiscal general está obligada a investigar todos los hechos denunciados y debe garantizar el estricto cumplimiento de los preceptos de la Constitución, las leyes y convenciones en materia en derechos humanos. “No hago discriminación en la investigación y persecución penal de ninguna persona, sector o nacionalidad independientemente de los momentos nacionales”, expresó Porras, incluida en la lista de actores corruptos de los Estados Unidos.
Orden de la CC
La fiscal recordó que recientemente la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en dos acciones de amparo en los que ordena que se debe garantizarse los derechos humanos de la vida, la salud, e instruyó a los funcionarios a cargo de las instituciones encargadas de velar por dichos derechos y que actuarán de manera inmediata para resolver los agravios, “Desafortunadamente hasta el momento no se ha visto el cumplimiento de dichas resoluciones, razón por la que el Ministerio Público accionó legalmente ante el incumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad”, expresó.
Indicó que debido al retraso e incumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, se presentó la acción de debida ejecución y se presentará cualquier otra acción legal que sea necesaria.
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“Es urgente que las autoridades competentes asuman su responsabilidad con el cumplimiento de la ley y ejerzan inmediatamente la función para la que fueron nombrados”. indicó la fiscal general.
Porras llamó al Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación para que garantice el Estado de Derecho, a fin de que no se sufra una confrontación violenta entre los guatemaltecos por temas políticos e ideológicos y que cumplan con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad que indica que se tomen las acciones necesarias para garantizar los derechos de manifestación pacifica y de locomoción.
“Reiteró el llamado a las autoridades entrantes a que comprendan que el liderazgo de la unidad nacional es para para todos lo guatemaltecos, deben reflexionar que para lograr dicha unidad hay que emprender acciones dirigidas a la armonía, la paz y la reconciliación, respetando la ley”, agregó Porras.
También se dirigió a los líderes que desde su respectivos espacios sumen esfuerzos para consolidar la armonía y la paz social.
Desde la primera ronda electoral, en junio, la fiscal general, apoyada por el jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana -los tres incluidos en una lista de dirigentes guatemaltecos “corruptos” y “antidemocráticos” elaborada por Estados Unidos- emprendieron una serie de acciones contra Arévalo y su partido político, Semilla.
