A través de un comunicado emitido este jueves 12 de octubre, el Ministerio Público (MP) reiteró el llamado al Gobierno de Guatemala, para que de cumplimiento al amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) y accione contra los bloqueos que desde el 2 de octubre se mantienen de forma continúa en el país, para exigir la salida de la fiscal general, Consuelo Porras.
Este jueves 12 de octubre se cumplen 11 días del inicio de las manifestaciones y bloqueos para exigir la renuncia de Porras, el fiscal Rafael Curruchiche Cucul y el juez Fredy Orellana.
Por lo que la Fiscalía presentó ante la Corte de Constitucionalidad la debida ejecución del amparo promovido por el Procurador de los Derechos Humanos con el fin de que se ordenara al Presidente de la República de Guatemala, al Ministro de Gobernación y al Director General de la Policía Nacional Civil dar efectivo cumplimiento al amparo provisional otorgado en su momento por dicha Corte, 2debiéndose tomar todas aquellas medidas necesarias para tal ejecución, a efecto de preservar el orden público y la coexistencia con otros derechos que asisten a la población y que en caso de incumplimiento se certifique lo conducente conforme lo establece la ley.”, indica el comunicado.
El Ministerio Público agregó que desde el lunes 2 de octubre pasado, un grupo de personas en referencia a las autoridades ancestrales han vedado el acceso a la sede del MP en Gerona “Con medidas que atentan contra los derechos humanos de las víctimas del delito, obstruyendo las investigaciones con notorio interés en que no se pueda avanzar en las mismas y no se conozca la verdad.”, indica.
El Ministerio Público reiteró la necesidad que las autoridades responsables cumplan con su mandato legal y permitan recuperar el acceso al Edificio Gerona para poder garantizar la averiguación de la verdad y dar a conocer los resultados de las investigaciones.
Resolución de la CC
La Corte de Constitucionalidad declaró con lugar la solicitud planteada, al advertir que no todas las manifestaciones que se han realizado, han cumplido con lo dispuesto en el artículo 33 constitucional y los estándares internacionales, pues en abuso de los derechos de reunión y de manifestación.
A través de su comunicado, la CC resalta el uso de la fuerza pública “como última medida y solo cuando sea absolutamente necesario”, así como solicitar el apoyo del Ejército.