El presidente Alejandro Giammattei emitió un mensaje por medio de cadena nacional en el que explicó detalles de la reunión con representantes de las autoridades ancestrales, que se llevó a cabo en Casa Presidencial. Agregó que este viernes, 13 de octubre, se enviaron los oficios al Organismo Judicial, al Ministerio Público y a la Corte de Constitucionalidad, para que lo reciban y escuchen las demandas.
El funcionario explicó que espera que se cumpla con la respuesta de las cortes y se respeten los límites que tienen las manifestaciones. Asimismo, manifestó su preocupación por el desabastecimiento de agua por el funcionamiento de varios centros hospitalarios y responsabilizó a los manifestantes que están bloqueando el paso del agua por si ocurre algún fallecimiento por la escasez de este insumo. Agregó que tienen plenamente identificados a los responsables de la toma de la represa.
Explicó que hay cinco hospitales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en riesgo por el desabastecimiento del agua. “Los señores que tienen tomada las instalaciones del Acueducto de Xayá-Pixcayá serán responsables si se llega a producir una muerte a consecuencia de esto”, señaló y agregó que ya se han presentado las denuncias y se está a la espera del fallo judicial.
Giammattei pide cumplir medidas pacíficas
El funcionario pidió que como una demostración de buena fe que se liberen las instalaciones del acueducto Xayá-Pixcayá y que los pasos en las distintas carreteras sean liberados en un porcentaje que permita la movilización del tránsito vehicular.
Autoridades ancestrales y representantes de los 48 Cantones de Totonicapán anunciaron este jueves que mantendrán los bloqueos en carreteras para exigir la renuncia de la fiscal general.
Seis representantes de organizaciones ancestrales conversaron en la Casa Presidencial con Giammattei y una misión mediadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), y pidieron al mandatario solicitarle la renuncia a Porras. Sin embargo, Giammattei les dijo que por ley no puede hacer ese pedido, dijo a periodistas el líder indígena Luis Pacheco, dirigente de la organización de 48 cantones del municipio de Totonicapán.
Desde hace 12 días, miles de manifestantes mantienen los bloqueos para exigir la salida de Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, luego de que éstos ordenaron allanar el tribunal electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.
Los tres funcionarios, calificados por Estados Unidos como “corruptos” y “antidemocráticos”, son señalados por el presidente electo, Bernardo Arévalo, de orquestar un “golpe de Estado” para evitar que asuma el poder el 14 de enero.
Este jueves, el MP volvió a presionar al Ministerio de Gobernación para que proceda al desalojo de los bloqueos, según lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad que acogió la semana pasada un recurso de amparo presentado por el sector empresarial.