El presidente electo, Bernardo Arévalo, acompañado de la vicepresidenta electa, Karin Herrera, ofrecieron una conferencia de prensa relacionada con la convocatoria al diálogo que se había realizado para este miércoles, 18 de octubre, entre el Ministerio Público (MP) y las autoridades indígenas y ancestrales, pero que finalmente no se dio.
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“Condenamos enérgicamente la orden de usar la fuerza en contra de las manifestaciones pacíficas, emitida por la Corte de Constitucionalidad”, aseguró en primera instancia.
A criterio de Arévalo, “dicha orden se da en un momento en que se desarrollan diversos procesos de diálogo que buscan dar salidas a la crisis, uno de los cuales ha sido convocado por el presidente, Alejandro Giammattei, y cuenta con la observación de la OEA”.
CONFERENCIA DE PRENSA
Exigen a la CC
“El uso de la fuerza en contra de una de las partes en un diálogo, durante un proceso en curso, es absolutamente inaceptable. Es evidente la falta de voluntad del presidente Giammattei y de Consuelo Porras para buscar una solución pacífica a la crisis”, añadió el presidente electo.
Asimismo, Arévalo indica que el desalojo que ordena la CC solamente tendrá como resultado elevar la conflictividad. “Reduce las rutas pacíficas para encontrar soluciones que garanticen la unidad y la estabilidad”, dijo.
“Exigimos a la CC asumir su responsabilidad histórica en defensa de los derechos consagrados en la Constitución que prescribe un régimen republicano y democrático, cuya supervivencia es incompatible con la restricción y la represión de los derechos de libre emisión del pensamiento, y de reunión y de manifestación”, agregó.
Dan plazo de 6 horas
La Corte de Constitucionalidad (CC) informó que este miércoles 18 de octubre, el pleno de magistrados conoció la gestión del Ministerio Público (MP) en la que denuncia el bloqueo prolongado a su sede en el barrio Gerona de la zona 1 capitalina.
“Al analizar lo denunciado y derivado de que la obligación de garantizar la justicia conlleva el deber de adoptar las medidas pertinentes para resguardar las necesidades de acceso a los entes que proveen servicios esenciales como el acceso a la justicia”, la Corte de Constitucionalidad resolvió ordenar al ministro de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil (PNC) “ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público”.
