La Corte de Constitucionalidad (CC) informó que este miércoles 18 de octubre, el pleno de magistrados conoció la gestión del Ministerio Público (MP) en la que denuncia el bloqueo prolongado a su sede en el barrio Gerona de la zona 1 capitalina.
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“Al analizar lo denunciado y derivado de que la obligación de garantizar la justicia conlleva el deber de adoptar las medidas pertinentes para resguardar las necesidades de acceso a los entes que proveen servicios esenciales como el acceso a la justicia”, la Corte de Constitucionalidad resolvió ordenar al ministro de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil (PNC) “ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público”.
La Corte de Constitucionalidad dio un plazo que no exceda de seis horas, para liberar los accesos a las sedes del Ministerio Público.
“Se conmina a la Policía Nacional Civil, conforme la previsión contenida en el artículo 257 del Código Procesal Penal, proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes”, señala parte de lo establecido por la CC.
Agrega que se conmina al Ministerio de la Defensa Nacional prestar el auxilio, en caso de ser estrictamente necesario y por solicitud de las autoridades cuestionadas, brindando la cooperación por medio del Ejército de Guatemala, dentro del marco de sus funciones.
Libre acceso
Más temprano las autoridades indígenas en conferencia de prensa aclararon que no han limitado el ingreso o egreso del personal, incluso ingresan personas diariamente, “No sabemos cual es la intención de que desalojemos… Están ingresando, hacen cambios, hacen relevemos, hay seguridad, nosotros no tenemos retenidos a nadie y no hemos prohibido que nadie ingresen”, explicó Luis Pacheco presidente de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán.
MP suspende diálogo
Para este miércoles, 18 de octubre, a partir de las 8 de la mañana estaba programada una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura, entre la asamblea de autoridades indígenas y el Ministerio; sin embargo, fue suspendida unas horas.
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Las autoridades indígenas que demandan la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como del juez Fredy orellana, indicaron que siempre han estado abiertos al diálogo pero lamentan la falta de voluntad de los actores involucrados en el origen de las manifestaciones que surgieron el pasado 2 de octubre.
