Altos funcionarios, incluyendo embajadores y exembajadores que sirvieron en Guatemala se unieron para pedir al presidente saliente Alejandro Giammattei que tome acciones para garantizar que se cumpla lo decidido en las elecciones para “frenar los esfuerzos de la Fiscal General María Consuelo Porras, mientras ella y sus partidarios intentan continuamente subvertir la voluntad democrática del pueblo guatemalteco”.
El comunicado está firmado por personal diplomático estadounidense que también trabajó en otras partes de Centroamérica durante los últimos 40 años; en el comunicado, se resalta que la solicitud al jefe del Ejecutivo se hace “respetuosamente”.
Los firmantes argumentan que la segunda vuelta de elecciones fue observada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
Además, destacan que en el evento del 20 de agosto de 2023 se “produjo un resultado transparente, legal, constitucional y abrumador”.
El documento destaca que fue electo por la vía popular el presidente electo Bernardo Arévalo.
“Desde esa victoria electoral, la Fiscal General, Consuelo Porras; el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, entre otros que se oponen a la victoria del Sr. Arévalo han trabajado sistemáticamente para socavar y eliminar su mandato electoral”, asevera el comunicado.
También destacan una serie de “acciones que equivalen a un golpe de Estado postelectoral en cámara lenta contra el sistema democrático”.
Actos contra las elecciones debilitan la democracia
“Después de las guerras centroamericanas de la década de 1980, dedicamos colectivamente nuestras misiones al objetivo de la reconciliación”, subrayan.
Los autores destacan que durante décadas las democracias habían sido seriamente debilitadas por el militarismo, horrendas violaciones de derechos humanos y el partidismo político extremo.
Agregan que ese trabajo realizado por el pueblo guatemalteco y centroamericano, con sus líderes políticos, está hoy en grave peligro.
“Desde el regreso de Guatemala a la democracia en 1985, los gobiernos guatemaltecos siempre han respetado los resultados de las elecciones presidenciales”, recuerdan.
“Sostenemos que, ante una amenaza clara y presente a la democracia por parte de la Fiscal General, el presidente Giammattei debe actuar con decisión”, aseguran.
El documento exhorta a que se garantice que la voluntad soberana del pueblo guatemalteco, expresada en las elecciones, sea respetada e implementada.
“Como estadounidenses sabemos que este trabajo para consolidar la gobernabilidad democrática nunca debe darse por sentado, ni siquiera en nuestro propio país”, reclaman.
Exponen que “es esencial que el presidente Giammattei y su gobierno actúen para atender el llamado de los pueblos que exigen el apartamiento del cargo de la Fiscal General Porras”.
Finalmente, los funcionarios piden que se respeten las elecciones soberanas de los ciudadanos y se llegue a una transición pacífica del poder el 14 de enero de 2024.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad argumentó este jueves que hay razones por las que la jefa del MP no puede ser removida de su cargo.