La presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, confirmó que se presentó un recurso de ampliación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de aclarar y solventar dudas en el proceso de elección de cortes de apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta acción se produce en medio de un proceso de selección que ha estado rodeado de controversias y desafíos legales.
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La máxima instancia judicial ordenó al Congreso que proceda a elegir, antes del 15 de diciembre, a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta renovación estaba pendiente desde 2019 y ha generado una serie de desafíos y obstáculos en el proceso de selección.
La magistrada Leyla Lemus de la CC enfatizó la necesidad de que el Congreso “concluya el proceso de elección a más tardar el 15 de diciembre”. Esto se ha convertido en un llamado urgente para garantizar que la elección se realice de manera oportuna y eficiente.
Congreso: obstáculos y desafíos en el proceso
La elección de los magistrados y cortes de apelaciones se ha visto obstaculizada por diversas controversias, entre estas en el Congreso. La Fiscalía reveló una investigación que señalaba al operador político Gustavo Alejos de haber manipulado la nómina de candidatos a ser elegidos. Según la investigación, Alejos habría mantenido reuniones con diputados, jueces, magistrados y abogados para influir en la nómina final que el Congreso elegiría.
Esta situación llevó al exfiscal Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado en Estados Unidos, a presentar un recurso de amparo contra el Congreso, argumentando una “amenaza real e inminente sobre el proceso de elección de cortes en el país”. La CC admitió este recurso en mayo de 2020.
La Corte de Constitucionalidad emitió resoluciones que buscan garantizar la transparencia y legalidad en el proceso de elección. Se ha ordenado a los diputados no elegir a candidatos investigados y se ha instado a excluir del proceso a profesionales cuya “idoneidad y honorabilidad estén comprometidas”.
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La CC también ha dejado en claro que es imperativo elegir a los “más capaces e idóneos”, siguiendo los parámetros constitucionales establecidos.
