La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso presentado por el presidente electo, Bernardo Arévalo, para frenar las acciones del Ministerio Público (MP) que considera que son parte de un “golpe de Estado en curso” para evitar que asuma el poder en enero.
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La decisión fue casi simultánea a la elección en el Congreso, dominado por el oficialismo, de los nuevos magistrados de la CSJ, un proceso pendiente desde 2019 y tras una condena en la OEA a Guatemala por el asedio judicial al proceso electoral y a Arévalo.
“Por unanimidad se deniega en definitiva el amparo” solicitado por Arévalo, informó el asesor de la Corte Suprema, Leonel Marroquín, en un video entregado a periodistas.
El opositor Arévalo, de 65 años, había solicitado el 18 de septiembre dejar sin efecto todas las actuaciones del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su partido Semilla, y en su lugar procesar a la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras.
La petición también abarcaba al fiscal Rafael Curruchiche, que ha dirigido allanamientos a oficinas de TSE y al juez Fredy Orellana, que ordenó la suspensión de Semilla por supuestas irregularidades en su conformación en 2017.
Los tres funcionarios son considerados por Estados Unidos como personajes “corruptos” y “antidemocráticos” y desde 2021 les prohibió el ingreso a su territorio.
“Parte del golpe”
El socialdemócrata Arévalo sostiene que las acciones contra su partido obedecen a un “golpe de Estado en curso” por el temor de las élites a su promesa de combatir la corrupción.
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“Se entiende de que sí son acciones que van de alguna manera concatenadas al golpe”, dijo a la AFP la diputada electa de Semilla, Andrea Reyes, en referencia al rechazo del amparo.
Reyes agregó que aún tienen pendientes que se resuelvan otras acciones contra los funcionarios judiciales, entre ellos pedidos para que se les levanten los fueros.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció intentos de “impedir una transición pacífica del poder” el 14 de enero al presidente electo y llamó a detener cualquier “acto de intimidación” en Guatemala.
En una resolución, la OEA fustigó “los intentos por parte del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder” y expresó “su grave preocupación” por “las continuas acciones postelectorales, disputas partidistas, la excesiva judicialización del proceso electoral”.
La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, el voto en contra de Guatemala, y ocho abstenciones, incluidas las de Panamá, Honduras y El Salvador. Jamaica, Guyana y Barbados estaban ausentes.
“Estados Unidos condena los intentos para impedir que el presidente electo […] tome posesión. Los resultados oficializados por el tribunal electoral son inalterables”, señaló por su lado el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, en la red social X (antes Twitter).
“Otras acciones desestabilizadoras son una amenaza no solo para el pueblo guatemalteco, sino también para la paz y la seguridad regional”, agregó.
Nichols reaccionó luego de que trascendió en la prensa local que la Fiscalía continúa con la investigación contra Semilla y requirió información sobre Arévalo al tribunal electoral.
Nuevos magistrados
Tras acatar una orden emitida la semana pasada por la máxima instancia judicial del país, el Congreso eligió este miércoles a los nuevos magistrados de la Corte Suprema, un proceso que debía completarse en 2019.
Con una amplia mayoría, los diputados del partido oficial Vamos y sus aliados escogieron a los 13 magistrados que tendrán que concluir en octubre el periodo 2019-2024. Los togados fueron juramentados horas después.
El único magistrado reelecto fue Manuel Duarte, sancionado en 2022 por Washington que también lo considera “corrupto”.
Al terminar la sesión, varios manifestantes que protestaban afuera del Parlamento en rechazo a la elección insultaron y lanzaron objetos a algunos diputados que salieron del recinto custodiados por decenas de policías, según imágenes en redes sociales.
“Habría que esperar cuáles serán las primeras decisiones, porque hay algunas personas que han sido electas de la nueva Corte que son parte de ese pacto de corruptos”, dijo el activista Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
Cux consideró que las acciones que tome la flamante Corte en medio de la crisis política serán “determinantes en las próximas semanas”.
Opositores llaman “Pacto de Corruptos” a una alianza entre políticos, diputados y empresarios acusados de promover la impunidad, entre ellos la fiscal general.
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Vía AFP
