El Ministerio Público (MP) solicitará el retiro de inmunidad del binomio presidencial electo, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, con el argumento de que utilizaron la toma de la Universidad de San Carlos (Usac) como plataforma para promover su candidatura.
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Con allanamientos, capturas y el planteamiento de varios procesos de antejuicio, el ente investigador presentó el caso “Toma de la Usac: Botín político”, escalando la crisis política en el país iniciada hace varias semanas y que diversos sectores atribuyen a un intento por impedir la toma de posesión de Arévalo y Herrera.
Las acciones penales fueron autorizadas por el juez décimo penal, Víctor Cruz, sancionado por Estados Unidos.
El caso
El MP divide sus señalamientos, primero a estudiantes y docentes, algunos de ellos detenidos ayer, vinculados directamente por la toma del Campus Central entre mayo de 2022 y junio de 2023, por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita, este último contemplado en la Ley contra el Crimen Organizado.
Los señalados se oponían a la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la Usac, pero para el MP, este ganó las elecciones a la rectoría de forma “legal” y por ello se organizó un grupo para deponerlo del mando universitario.
De esa cuenta, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Alfredo Beber, a la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Eduardo Carrera, Rodolfo Chang y William Reyes, quienes fueron enviados a prisión preventiva y la audiencia de primera declaración se programó para el 21 de noviembre.
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También buscaron detener al universitario Engelberth Blanco, así como al extitular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y excandidato a rector Jordán Rodas.
Van contra Arévalo y diputados
Además, el MP requerirá el retiro de inmunidad de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial electo, así como de los diputados al Congreso Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera (electo), Adán Pérez, Aldo Dávila y Carlos Barreda, ya que supuestamente utilizaron la toma del Campus Central como una plataforma política para promover sus candidaturas en las elecciones de 2023.
“Estas personas interactuaban entre ellas mismas con respecto a la toma de la universidad. Además, en agosto de 2022, fue quemado un vehículo dentro de la universidad y aparecen ciertos actores políticos importantes en el contexto de la toma, lo cual se torna en un tema de carácter político”, añadió Saúl Sánchez, jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación.
Las interacciones a las que hace referencia la Fiscalía son expresiones realizadas por los señalados en sus redes sociales, mientras que Herrera, Dávila y Barreda también serían vinculados por su presencia física en la toma de la Usac.
Coartan la libertad de expresión
El presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Byron Barrera, expresó su preocupación por la libertad de expresión y las consecuencias que esto puede conllevar.
“Es lamentable lo que está pasando. El país corre el riesgo de ser aislado internacionalmente y de sufrir sanciones comerciales y económicas por el capricho de un puñado de gente, sin escrúpulos, inconforme con los resultados electorales”, añadió.
Para el abogado Ovidio Orellana, debe prevalecer el debido proceso y los señalados tienen que ser escuchados; además, espera que la resolución que se les dicte se ajuste a la Constitución.
Jorge Wong, analista político, mencionó que si el MP cuenta con pruebas objetivas y verificables, es necesario que las muestre a los medios de comunicación para informar y garantizar el actuar de la Fiscalía.
Reacciones
“Existe una persecución contra quienes, con ideales firmes, han expresado su rechazo a un sistema que favorece a un pequeño y muy voraz grupo de corruptos. Hemos llegado, o quizá regresado, a momentos en los que la expresión ciudadana fue perseguida y enjuiciada… La democracia en Guatemala está en peligro, pero no dejaremos que estas acciones impidan que el 14 de enero comience la nueva primavera”, dijo Bernardo Arévalo, presidente electo.
“Los allanamientos de hoy del MP y otros esfuerzos encaminados para socavar la democracia en Guatemala son inaceptables. Quienes intenten interferir con una transición pacífica al presidente electo, Bernardo Arévalo, enfrentarán las consecuencias”, enfatizó Brian A. Nichols, subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
“Los esfuerzos continuos para socavar los resultados electorales en Guatemala inevitablemente tendrían repercusiones en las relaciones entre la Unión Europea (UE) y las autoridades que permiten que esto suceda”, declaró un portavoz de Josep Borrel, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores
