Las diferencias por el plazo y otros criterios respecto al antejuicio contra ocho magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúan en la discusión de los integrantes de la comisión pesquisidora, la cual no se ha detenido para entregar el informe al pleno a más tardar el próximo 28 de noviembre.
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Ayer estaba prevista la comparecencia de los denunciantes Giovanni Fratti y Karen Fischer. Sin embargo, se excusaron de asistir aduciendo que fueron convocados con menos de 24 horas de anticipación.
Esto generó un nuevo debate entre los integrantes de la pesquisidora, ya que para el diputado y presidente de esa instancia, Julio Montano, así como el vocal Osmundo Ponce, esto imposibilitaba continuar con la agenda de trabajo.
Incluso Ponce argumentó que la Ley en Materia de Antejuicio determinaba que el primer paso para una comisión pesquisidora era escuchar a quienes impulsan el proceso de antejuicio. Sin embargo, el resto de integrantes votó por continuar con la audiencia del Ministerio Público (MP) y reprogramar la comparecencia de los denunciantes.
La cita de Fratti y Fischer fue reprogramada para mañana a las 7 horas.
Sin consultas
Asimismo, los integrantes de la pesquisidora tuvieron desacuerdos sobre continuar la sesión por el amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad a la magistrada y presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y a los magistrados suplentes, pero los diputados Douglas Rivero, Flavio Muñoz y Julio Cesar Longo insistieron en seguir con las audiencias, aduciendo que no han sido notificados.
Otro de los puntos discutidos estaba relacionado con si debían citar a todos los señalados, por ello Ponce propuso consultar a la Corte de Constitucionalidad, pero la mayoría votó en contra de esto.
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MP dice que no investiga resultados electorales
Mientras que el Ministerio Público, en su comparecencia, aseguró que las dudas que buscan esclarecer no están relacionadas con los resultados de las elecciones de 2023, sino al proceso de compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Los fiscales de Delitos Administrativos Manuel Aldana Paiz y Marilin Castillo fueron cuestionados por los congresistas con respecto a las pesquisas preliminares del caso. Aldana Paiz aseguró que el TREP provocó sospechas desde el proceso de licitación.
Uno de los cuestionamientos es que el mismo programa había costado 50 millones de pesos en México, pero en Guatemala se pagó Q148 millones.
“Nosotros estamos investigando únicamente el proceso de compra del TREP, no si este funcionó o no en el resultado de las elecciones”, agregó Aldana.
La única prueba
Durante la citación, se conoció que la única “prueba” fue presentada en la denuncia de Fratti y Fischer, corresponde a una carta de la senadora colombiana María Fernanda Cabal, quien cuestionaba a la entidad que proveyó el programa, Datasys. El documento fue remitido por la senadora al presidente Alejandro Giammattei.
Montano denuncia
En sus redes sociales, Montano denunció ser objeto de ataques por medio de netcenters.
