Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberán comparecer este jueves 23 de noviembre, ante la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República que esta a cargo del análisis del antejuicio solicitado contra los magistrados.
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La comisión pesquisidora citó a los magistrados para conocer sus argumentos ante los señalamientos que realiza el Ministerio Público (MP), por supuestas anomalías en el proceso de adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que fue utilizado en las Elecciones Generales 2023.
Los magistrados fueron convocados durante la mañana; sin embargo, la audiencia fue reprogramada para las 14:00 horas. La presidenta presidente del TSE, Blanca Alfaro, así como los magistrados Gabriel Aguilera y Ranulfo Rojas se presentaron al Congreso, pero se les notificó que la reunión fue pospuesta.
Blanca Alfaro, manifestó que los resultados están validados, oficializados y no se pueden alterar, “El Tribunal Supremo Electoral ha cumplido con su trabajo en un rol de democracia, están oficializados los resultados y deben tomar posesión.
“Aquí estamos para aclarar cualquier duda, no solo de la comisión pesquisidora sino del resto del pleno de diputados del Congreso de la República y, sobre todo, nos interesa aclarar cualquier duda que pueda tener la población”, manifestó el magistrado del TSE, Gabriel Aguilera.
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El pasado 21 de noviembre la Corte de Constitucionalidad (CC) denegó un amparo provisional solicitado por los magistrados del TSE, Mynor Franco, Irma Palencia, Ranulfo Rojas y Gabriel Aguilera, contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de retirarles la inmunidad; sin embargo, la alta corte sí amparó de manera provisional a la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y a tres magistrados suplentes.
TREP
La solicitud de retiro de inmunidad fue presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, por supuestas irregularidades en la adquisición del programa de TREP, por un monto estimado de Q148 millones.
El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados, autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición del programa por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones, que además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.
En tanto los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes se habrían cometido al no permitir una supervisión independiente del programa y según el MP con ello los magistrados omitieron una función propia de su cargo que era verificar si dicha plataforma cumplía los requisitos para la transmisión de los resultados preliminares.
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Con información de Edwin Bercián*
