Los abogados de la organización Guatemala Inmortal, Giovanni Fratti y Karen Fischer, acudieron la mañana de este viernes 24 de noviembre, ante la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República, que analiza el expediente de solicitud de retiro de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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Los abogados ratificaron la denuncia por supuestas anomalías en el proceso de adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que fue utilizado en las Elecciones Generales 2023.
“Estamos denunciando la negligencia e incompetencia de contratación, así como el incumplimiento de contrato de parte de la empresa” señala Fratti ante la comisión.
Fratti, indicó que comparecieron para ratificar la denuncia que presentaron ante el Ministerio Público (MP), “Denuncia que no solo ratificamos, si nos fuimos a ampliar ante la fiscalía del Ministerio Público”, explicó Fratti.
“Con lo que hemos investigado se presume que existe un fraude electoral, y no pertenecemos a ninguna organización política ni tenemos intereses políticos. Hemos actuado debido a la preocupación que teníamos muchos guatemaltecos durante las vueltas electorales”, indicó la abogada Karen Fischer.
“Yo conseguí el informe migratorio de la magistrada Irma Palencia que viajó a Panamá, México y El Salvador con viáticos que fueron pagados por los impuestos del país y que no justificaron las salidas. Solo en dos años fueron Q9 millones”, aseguró la abogada Fischer.
Denuncia
La solicitud de retiro de inmunidad fue presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, por supuestas irregularidades en la adquisición del programa de TREP, por un monto estimado de Q148 millones.
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El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados, autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición del programa por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones, que además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.
En tanto los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes se habrían cometido al no permitir una supervisión independiente del programa y según el MP con ello los magistrados omitieron una función propia de su cargo que era verificar si dicha plataforma cumplía los requisitos para la transmisión de los resultados preliminares.
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Con información de Dayana Rashon*
