El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una sesión ordinaria el próximo miércoles 29 de noviembre, en la sede de la OEA en Washington, D.C. para recibir la “Presentación a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala” y conmemorar el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, entre otros temas.
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En octubre pasado la CIDH exhortó a Guatemala a “garantizar el derecho a la protesta” de los guatemaltecos contra la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusan de perseguir al presidente electo, Bernardo Arévalo.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron “preocupación” por acciones que “buscan deslegitimar y amedrentar a quienes se manifiestan en Guatemala”.
Según denuncias recibidas por la CIDH, se ha intentado “limitar el libre ejercicio del derecho a la protesta” en el país con por ejemplo “declaraciones estigmatizantes” o “amenazas de criminalización provenientes de las más altas autoridades” a pesar de que, según su monitoreo, las manifestaciones se han desarrollado “de manera pacífica”.
En este clima de tensión social, a la CIDH le preocupa una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó tomar medidas para restituir “el orden público”, incluso mediante el uso de la fuerza.
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Esta sentencia, afirma el comunicado, tiene “un impacto severo” en el derecho a la libertad de expresión en “un momento trascendente para el país, como el período postelectoral y de transición presidencial”. Disolver “manifestaciones pacíficas por la fuerza es una interferencia”, señalan.
El Estado de Guatemala debe “cumplir con su deber de respetar, facilitar y garantizar los derechos humanos, así como tomar medidas concretas para garantizar el derecho a la protesta y abstenerse de criminalizar a quienes participan en ella”, añade la CIDH, que pide realizar una visita al país.
Según este órgano de la OEA, Guatemala, gobernada por Alejandro Giammattei, le ha pedido “no realizar un examen o pronunciamiento sobre la situación relacionada a las movilizaciones sociales ocurridas en las últimas semanas”.
El Estado asegura que “cumple con los estándares internacionales”, “que siempre ha favorecido” el diálogo y que el uso de la fuerza es su último recurso, afirma el comunicado.
