Solamente dos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acudieron a la reunión de la comisión pesquisidora que conoce el antejuicio en su contra.
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Los magistrados Ranulfo Rafael Rojas Cetina y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños expusieron ante los integrantes de la pesquisidora los argumentos por los cuales son señalados.
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AUDIENCIA
“Es espurio”
En primera instancia, el magistrado Rojas indicó que no se referiría a lo que argumentaron los denunciantes debido a que considera que se trata de una acusación espuria.
Mencionó que en el caso del delito de incumplimiento de deberes no se podría señalarle ya que él es una autoridad por lo que considera que dicho señalamiento es “absurdo”.
Además, al referirse al delito de fraude, del cual también se le sindica, el magistrado dijo que el argumento de los denunciantes fue comparar una elección realizada en Puebla, México con el proceso electoral que se realizó este año.
Ello sería de gran diferencia debido a que en Guatemala se realizaron elecciones para cinco cargos públicos, mientras que en Puebla seguramente fue solamente para gobernador, según supone.
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Sobre los celulares
Tal como ocurrió con los representantes de la empresa Datasys, los magistrados también fueron abordados con relación a los precios de los teléfonos celulares que fueron adquiridos para las elecciones.
Rojas explicó que los aparatos electrónicos tenían que ser adaptados con los programas y aplicaciones que funcionarían con el TREP.
Mientras que el magistrado Aguilera, al intervenir por el mismo tema, dijo que específicamente con el caso de los precios de los teléfonos no se conoció.
“Nosotros como magistrados no tuvimos acceso a ver un detalle del precio de cada cosa”, dijo.
Además, señaló que los dos ofertantes para brindar este servicio de presentación de resultados preliminares prácticamente ofrecieron lo mismo. “Así lo presentaron ambos ofertantes”, mencionó.
“¿Qué nos vendieron?”
Al ser consultados sobre qué fue lo que Datasys le vendió específicamente al TSE, el magistrado Aguilera expuso ampliamente que fueron varios servicios los que incluían el contrato como tal, lo cual refrenda lo que presentó Hugo Daniel Lemus Herrera, representante legal de dicha empresa.
“El contrato incluye el plan de contingencia y adicionalmente también contempla 18 meses de soporte técnico”, agregó.
También respondió que el Instituto Tecnológico de Monterrey realizó una auditoría para verificar la existencia de ataques cibernéticos.
