Desde su aprobación al filo de la medianoche el pasado 30 de noviembre, cámaras empresariales, entidades académicas y autoridades ancestrales han requerido al presidente, Alejandro Giammattei, que vete el Presupuesto 2024 aprobado por el Congreso de la República, el que asciende a Q124 mil 879 millones. Más allá de los montos, la mayoría de los sectores y analistas coinciden en la opacidad de las asignaciones.
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Además, los diputados del partido oficial, Vamos, y sus aliados no corrigieron las dificultades que representaría para el gobierno de Bernardo Arévalo acudir al Legislativo para la negociación, renegociación y colocación de Bonos del Tesoro, así como el pago de la deuda pública.
La Cámara de Comercio, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la Fundación Libertad y Desarrollo, las autoridades indígenas ancestrales, el Consejo Empresarial Nacional y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), así como el presidente electo, Bernardo Arévalo, entre otros, emitieron comunicados de prensa durante el fin de semana señalando diferentes dudas provocadas por las enmiendas introducidas por los diputados, pero todos ellos con un pedido particular: el veto presidencial.
Mientras que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) abogó en su pronunciamiento por una corrección del Presupuesto 2024, utilizando mecanismos establecidos en la ley guatemalteca.
“Esto puede generar gran incertidumbre, ya que, de no lograrse dicha aprobación oportunamente, el Estado podría quedar imposibilitado de hacer frente a sus obligaciones financieras y caer en incumplimiento de pagos”, indicó respecto al pago de la deuda pública.
Las autoridades ancestrales también convocaron a una marcha desde los alrededores del Congreso hoy, argumentando que el financiamiento público del próximo año es parte de la estrategia de quienes desean impedir la toma de posesión.
Más allá de montos
Para Ricardo Barrientos, del Icefi, el Presupuesto 2024 tiene premios y castigos, ya que el techo presupuestario no se incrementó. Sin embargo, advirtió de disminuciones como a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) luego que su titular, Marco Livio Díaz, indicara a la comisión de Finanzas que era viable una de las propuestas planteadas por el equipo de transición.
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El Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Ministerio de Comunicaciones, la Universidad de San Carlos y el Registro Nacional de las Personas serían algunas de las entidades “premiadas”, lo cual coincide con su intervención en la coyuntura actual, agregó Barrientos.
Enmiendas levantan dudas
Por ejemplo, una de las enmiendas introducidas por los diputados del oficialismo impide reducir el presupuesto del Ministerio Público dirigido por María Consuelo Porras, otra reduce el financiamiento a programas de vivienda y se trasladan esos fondos a un listado de obras.
La contratación de pauta de la Secretaría de Comunicación Social, además, solo puede concretarse con canales de televisión y radios gratuitas con cobertura nacional.
“Desde Icefi, advertimos que no hay que ver solamente los techos institucionales, es muy importante que veamos las normas para ejecutar, porque ahí está lo importante en esta ocasión”, remarcó Barrientos.
¿Se puede utilizar el presupuesto actual?
Erick Coyoy, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), advirtió, previo a la aprobación del Presupuesto 2024, que el riesgo más “delicado” es el impago de la deuda, por los candados establecidos al gobierno de Arévalo.
Aunque no es deseable, Coyoy consideró incluso preferible mantener el Presupuesto 2023 y recordó la aprobación de 2020 que provocó movilizaciones ciudadanas hasta que el Congreso de la República decidió archivarlo.
“No es la primera vez que el Congreso hace ese tipo de cambios negativos para la gestión pública, podría ser mejor (mantener Presupuesto 2023), porque no tiene condicionantes para el nuevo gobierno”, expresó.
