Durante la aprobación del Presupuesto 2024, diputados de la bancada oficial Vamos incluyeron una enmienda que aumenta el techo presupuestario para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). El cambio introduce un listado de obras que representa un incremento por Q2 mil 566 millones 339 mil para la cartera, pero los proyectos no han podido ser verificados por entidades dedicadas a la fiscalización del erario público.
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El presupuesto vigente del Ministerio de Comunicaciones asciende a Q8 mil 122.9 millones y para el próximo año el dictamen de la comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República contemplaba Q6 mil 580 millones. Sin embargo, con la enmienda, quedaría en Q8 mil 806.4 millones.
Esta fue planteada por los diputados Cándido Leal, Greicy de León y Edgar Reyes Lee, de Vamos, entre otros legisladores de bancadas aliadas al oficialismo.
Estos ajustes y correcciones que no hicieron los diputados han provocado un llamado desde varios sectores para que el presidente, Alejandro Giammattei vete el Presupuesto 2024.
Levanta sospechas
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió el pasado sábado en un comunicado de prensa que la enmienda representa una disminución por Q310 millones al Fondo para la Vivienda y un aumento de Q2 mil 536.4 millones para costear un listado de proyectos a cargo de la Dirección General de Caminos, del Fondo de Conservación Vial (Covial) y del Fondo Social de Solidaridad.
“En este listado figuran números de operación de Guatecompras (NOG) y, para los casos aplicables, números de códigos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por lo que, probablemente, ya fueron o están prontos a adjudicarse”, agregó.
Sin embargo, los ataques informáticos a Guatecompras y al Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), impidieron la verificación de estos códigos.
Los dos sistemas continuaban, hasta ayer, fuera de línea y el pasado lunes la cartera de Finanzas autorizó, con una resolución en el “Diario de Centro América”, que las entidades que publican en ambos portales no estarán obligados a ingresar la información durante los próximos ocho días.
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El listado de obras lo integran ampliaciones, mejoramientos, construcción de tramos carreteros, incluso la edificación de escuelas bicentenario, remozamientos y dotación de infraestructura para el aeropuerto de Escuintla, entre otros.
Señalan riesgos
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), destacó que el aumento del presupuesto no es lo más preocupante, sino la falta de un análisis del impacto de las obras introducidas, porque muchas no estaban contempladas en el proyecto original del Organismo Ejecutivo.
“Por un lado, hay proyectos que necesitarán presupuesto que no fueron incluidos, como lo son el Puente Belice II, algunos tramos del Anillo C-50 o la ampliación a 4 carriles de Santa Cruz Verapaz a Cobán, donde se ve que no hicieron un análisis de lo que falta por ejecutar y adicionalmente vemos que hay proyectos de ciertas unidades ejecutoras donde no se tienen estudios de preinversión, con lo cual no se tiene certeza de cómo se ejecutarían esos fondos y si los recursos para mantenimiento de carreteras serán suficientes”, remarcó.
Zapata explicó que, al no contar con análisis de impacto, lo más probable es que las obras sean de calidad deficiente.
“Se hacen proyectos sin analizar técnicamente su viabilidad, sino por razones políticas. Esto, como hemos visto, no solo da como resultado una mala calidad de la infraestructura, sino que se presta a sobrecostos, ineficiencias o, en algunos casos, corrupción”, expresó.
Marvin Flores, analista independiente enfocado en la transparencia de gestión pública, recordó que la inclusión del listado se dio posterior al primer intento de los diputados de retirar la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero que prosperó hasta que consiguieron dos votos más.
“Creo que a cambio de esos dos votos para desaforar a los magistrados se dieron esos proyectos”, manifestó.
“Normalmente, siempre sucede así, cuando hay una votación importante, precisamente en la última sesión ordinaria del Congreso, negocian con el presupuesto. El Presupuesto 2024 se convirtió al igual que en ocasiones anteriores en una moneda de cambio para comprar voluntades y seguir avanzando en la agenda de lo que están pretendiendo”, añadió.
Para Flores, la estrategia de los diputados no es impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo, pero sí “dejarlo atado de manos” y que sigan los “negocios corruptos” que les benefician. Incluso advirtió que podrían buscar con las otras enmiendas generar plazas fantasmas y mantener cuotas de poder.
