Personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público acudió este jueves, 14 de diciembre, al Organismo Judicial, específicamente al área de gestión penal, para presentar una solicitud del retiro antejuicio en contra de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro.
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Los representantes de la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, se presentaron al Organismo Judicial y se cubrieron los rostros con mascarillas durante el trámite y al salir del edificio. Evitaron dar detalles de los motivos para solicitar que se despoje de la inmunidad a la magistrada titular y actual presidenta del TSE.
El MP señala a la togada de los delitos obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes por su accionar en los allanamientos que se realizaron en la sede central el pasado 30 de septiembre, cuando fueron secuestradas las cajas electorales de la jornada de votaciones del pasado 25 de junio. De acuerdo con Curruchiche, la magistrada agredió a los fiscales y agentes, quienes con todo profesionalismo, participaron en dicha diligencia.
Blanca Alfaro defiende competencias del TSE
El pasado 30 de septiembre, cuando el MP realizó un allanamiento de más de 30 horas en la sede central de ese tribunal, en la zona 2 capitalina, Alfaro, junto a sus compañeros, los magistrados Gabriel Aguilera y Mynor Custodio, intentaron evitar que el MP sacara del edificio del TSE las actas electorales, marcadas como evidencia para una investigación que ha sido declarada como en “reserva total”.
“Se llevaron todas las cajas con todos los resultados, ellos dicen que el miércoles las van a devolver ¿pero para qué las van a devolver? ya salió de nosotros. No sabemos qué pueden hacer con ellas y lamentablemente se llegó a esta situación tan triste”, declaró en ese entonces la magistrada Blanca Alfaro. El pasado viernes, el MP presentó los resultados preliminares de dicha investigación por la que sugirió que las elecciones generales fueran declaradas nulas.
El TSE se pronunció en sus redes sociales para señalar esta acción como un intento más del Ministerio Pública para vulnerar la máxima autoridad electoral del país.
