A un año de la sentencia condenatoria de la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, Amnistía Internacional exhorta a las autoridades a agilizar su liberación, tal y como lo ordenó un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas que declaró su detención arbitraria.
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El 16 de diciembre de 2022, Virginia Laparra fue condenada a cuatro años de cárcel por el delito de abuso de autoridad, al cabo de un proceso plegado de irregularidades y violaciones de sus derechos humanos, que llevó Amnistía Internacional a declararla presa de conciencia.
En mayo de 2023 el Grupo de Trabajo sobre la detención Arbitraria de las Naciones Unidas declaró que la detención de la exfiscal anticorrupción era arbitraria y solicitó su liberación inmediata; sin embargo, en unos días Virginia Laparra cumplirá 22 meses privada de la libertad, lejos de sus dos hijas y de su familia.
Recientemente, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tiene en sus manos un recurso que podría permitir su liberación condicional, ha suspendido en dos ocasiones la audiencia para conocer de este recurso.
“Virginia Laparra es una víctima más de la persecución penal injusta de quienes han defendido la justicia y los derechos humanos. No debe pasar ni un día más en la cárcel. Urge que las autoridades guatemaltecas atiendan el llamado del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas y de toda la comunidad internacional para liberarla inmediatamente”, dijo Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.
Laparra, quien era jefa de la FECI en Quetzaltenango, es señalada por el Ministerio Público (MP) de haber filtrado a la prensa información bajo reserva de un caso de corrupción.
El pasado 16 de diciembre de 2022 fue sentenciada por un tribunal capitalino a cuatro años de prisión conmutables al encontrarla culpable de abuso de autoridad, en un polémico y acelerado juicio que duró 18 días.
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Según esa sentencia, la fiscal no tenía atribuciones para denunciar a un juez que fue investigado por la acusada.
El 4 de enero del presente año la exfiscal, fue ligada a un segundo proceso penal y el pasado 21 de abril fue enviada a juicio por la posible comisión del delito de revelación de información confidencial o reservada.
En uno de estos recientemente se le autorizó poder gozar de medidas sustitutivas, pero por el otro deberá continuar en prisión.
