En un revés para el gobierno guatemalteco, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional, dejando en suspenso la aprobación del presupuesto para el año 2024 avalado por el Congreso de la República y el Organismo Ejecutivo. Esta decisión, anunciada el 15 de diciembre de 2023, se produce después de que el presidente Alejandro Giammattei firmara el decreto 18-2023, apenas dos días después de que el Organismo Judicial rechazara objeciones presentadas por las bancadas de los partidos Semilla y Winaq.
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Uno de los puntos constitucionales señalados fue la certificación del presupuesto, criticando que el Legislativo votara por títulos en lugar de por cada artículo el pasado 30 de noviembre. Las enmiendas de último minuto, que no fueron leídas en su totalidad antes de ser aprobadas, y la asignación discrecional de fondos a nuevas organizaciones no gubernamentales también generaron críticas.
Presidente electo instó a vetar el presupuesto
El presidente electo, Bernardo Arévalo, instó a Giammattei a vetar el presupuesto debido a las graves violaciones e irregularidades que, según él, afectarán la gestión pública, el bienestar social y el desempeño económico del próximo año.
Desde la Cámara de Comercio, calificaron la validación del proyecto como “irresponsable, poco técnica e inefectiva”, advirtiendo que fomentará la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. El Consejo Nacional Empresarial lo consideró grotesco y un atentado directo contra el bien común de los guatemaltecos.
A pesar de ser un récord histórico con un monto aprobado de Q124 mil 879 millones 970 mil para 2024, expertos señalan que la ejecución del presupuesto ha carecido de transparencia a lo largo de los años. La suspensión por parte de la Corte de Constitucionalidad plantea interrogantes sobre el futuro de las finanzas públicas en Guatemala y la necesidad urgente de abordar las irregularidades en el proceso presupuestario.
