El 16 de diciembre de 2023, la organización Derechos y Desarrollo para América Latina (DPLF), RFK Human Rights y la profesora Claudia Martín presentaron un memorial de amicus curiae ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este documento está vinculado al caso liderado por la jueza Ana Vilma Díaz y otras partes afectadas contra el Estado de Guatemala, en el cual se alega la violación sistemática de derechos humanos durante el proceso de selección y nombramiento de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Cortes de Apelaciones en 2014.
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El memorial ofrece una detallada exposición de los estándares del Derecho Internacional que resguardan un proceso de nombramiento idóneo como un componente esencial del principio de independencia judicial, según lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, destaca el derecho fundamental de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, tal como lo dispone el artículo 23.1c. de la misma normativa.
En el extenso escrito, se concluye de manera contundente que, a la luz de los hechos del caso, la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala debe ser reconocida, abogando por una reparación integral a favor de las víctimas afectadas por estas violaciones de derechos fundamentales. Como medida preventiva de futuras transgresiones, se insta a la revisión exhaustiva de la legislación interna que rige el mecanismo de designación, así como de la jurisprudencia interna, para alinearla con los estándares internacionales en vigor.
Memorial ante CIDH
El memorial propone, como medidas de no repetición, la implementación de cambios sustanciales en el sistema de selección, instando al Estado guatemalteco a garantizar que los procesos futuros se realicen mediante criterios objetivos que valoren el mérito y las capacidades de los candidatos. Además, se hace un llamado a incorporar salvaguardas efectivas que protejan contra posibles presiones o interferencias externas de naturaleza política, preservando así la integridad y la imparcialidad del proceso.
La presentación de este amicus curiae ante la CIDH marca un hito significativo en la defensa de los derechos humanos en Guatemala, desafiando la impunidad y abogando por la restauración de la confianza en el sistema judicial del país, según esas organizaciones.
