El año 2024 está próximo a iniciar con una serie de retos para el nuevo gobierno que encabezará el presidente electo, Bernardo Arévalo, a partir del 14 de enero, pero que también se convierten en desafíos para todos los guatemaltecos.
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Analistas consultados por Publinews enlistaron los retos que consideran tendrá la nueva administración pública, así como el rol de la ciudadanía para incidir a favor del desarrollo de Guatemala en aspectos como la economía, reformas políticas y combate a la corrupción, entre otros. Dos de ellos coincidieron en la importancia que tendrá el rescate de la institucionalidad y lograr acuerdos mínimos.
Stephanie Rodríguez, abogada en derechos humanos, recordó que los retos de país incluyen a las 340 corporaciones municipales y 160 diputados que asumirán entre el 14 y 15 de enero; mencionó como un punto importante el rescate de la institucionalidad pública.
“Sanear las instituciones y la poca credibilidad que ha tenido durante los dos últimos periodos”, reiteró.
Economía, seguridad y combate a la corrupción, son las áreas que Rodríguez identifica donde se ubican los principales retos para el gobierno de Arévalo y el país.
“La sociedad está muy a la expectativa. Hay un aire de esperanza de tener un gobernante diferente, desmarcado a los últimos que se han tenido y me parece que son temas claves que la ciudadanía pedirá, como reactivar la economía, la seguridad, la corrupción, el transporte… son temas que a la mayoría nos preocupan”, añadió.
Acuerdos mínimos
El analista político Luis Mack coincidió en que uno de los desafíos que tendrá el nuevo gobierno junto con la sociedad es encontrar “el camino” para reconstruir las instituciones y el Estado de derecho, el cual considera quedó “maltrecho” con la coyuntura de los últimos meses.
“Necesitamos encontrar acuerdos viables que permitan reconciliar las grandes fuerzas políticas que en estas fechas y crisis se enfrentaron… toda esa lógica de conflicto tan arraigada en Guatemala es un serio obstáculo para alcanzar ese desafío”, explicó.
Mack detalló que esos acuerdos incluyen desde cámaras empresariales hasta organizaciones de la sociedad civil e identificó como una clave encontrar “mínimos acuerdos”.
“Tenemos muchos desafíos. Sin embargo, la buena noticia es que, si encontramos la ruta que permita enfrentar estos desafíos y lograr un mínimo consenso que permita avanzar en las reformas necesarias, los cuatro años siguientes pueden ser de mucha intensidad política, pero también de mucha esperanza y tratando de trascender como país y sociedad”, puntualizó.
Inversión y reformas
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), enfatizó en la necesidad de aumentar la inversión pública. Explicó que actualmente se sitúa en 1.7% del producto interno bruto (PIB) y el reto para el país debería elevarse al 2.5% en 2024, buscando que a finales de 2028 ya sea del 6%.
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“El aumento del PIB per cápita debería llegar a US$11,500 a finales del próximo año para generar 95 mil empleos adicionales y fortalecer la capacidad del país para llevar la inversión extranjera directa por encima de los US$1.4 millardos”, agregó.
El directivo de Fundesa también señaló que el nuevo gobierno tendrá el desafío de generar mejores procesos para la aprobación de reformas “importantes” en el Congreso de la República.
A su consideración, estos cambios deben abarcar temáticas como la infraestructura, el servicio civil y una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Camino complejo
El 25 de junio se realizó la primera vuelta electoral de 2023, en la cual quedaron electos los miembros de la mayoría de las 340 corporaciones municipales y 160 diputados al Congreso de la República.
El 20 de agosto se desarrolló la segunda vuelta electoral de 2023, entre Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). El primero resultó electo para el periodo 2024-2028.
Entre la primera y la segunda vuelta, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) inició varias investigaciones en contra del Movimiento Semilla y el proceso electoral, llegando a pedir el retiro de inmunidad de funcionarios electos y la anulación de los resultados.
Durante octubre y diciembre, se registraron bloqueos, manifestaciones, llamados de la comunidad internacional y sanciones, entre otras acciones, hasta que la semana pasada la Corte de Constitucionalidad ordenó garantizar la toma de posesión del binomio presidencial, diputados y alcaldes.
