De acuerdo con datos del Colectivo Artesana, aproximadamente 80 niños y niñas viven junto con sus madres en las cárceles de Guatemala. Según la Ley del Régimen Penitenciario, la edad permitida para permanecer en esta situación es de cero a cuatro años, pues es cuando necesitan un acompañamiento y cuidado permanente de parte de sus progenitoras para poder desarrollarse de la mejor manera posible.
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Andrea Barrios, coordinadora de la referida organización, explicó que se han hecho distintos estudios en los que se ha podido determinar las condiciones que enfrenta esta población, tomando en cuenta que esos primeros años de su vida los pasa en el encierro y se desenvuelve en un contexto muy distinto al de otros niños.
Los resultados de los análisis han permitido definir que, si bien es cierto que las condiciones que viven con las madres dentro de las cárceles son, en muchos de los casos, precarias y de mucha limitación por las características el Sistema Penitenciario en Guatemala, los niños han mostrado un desarrollo importante, ya que a esa edad lo que requieren es estar con ellas y tienen la posibilidad de hacerlo las 24 horas dentro de los centros.
“Claro que tienen limitaciones en cuanto a la socialización o la relación, por ejemplo, con sus hermanos que quizá están afuera, pues puede ser que son los más pequeños y son los únicos que están con las madres, por lo que no tienen un contacto permanente con los demás integrantes de la familia”, señaló la entrevistada.
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Buscan reforzar protección de niños con parientes en cárceles
Barrios dio a conocer que, en el 2020, un Juzgado de Niñez del área metropolitana emitió una sentencia a requerimiento de acciones iniciadas por el Colectivo Artesana para impulsar que se brindara protección especial a los niños con familiares detenidos. Esta abarca una serie de derechos no solo para los que viven junto con sus madres en las cárceles, sino también para todos los menores que tienen un referente familiar en prisión, que son cerca de 60 mil.
“Este proceso derivó en la obligación de la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario de hacer un protocolo para garantizar la protección de los derechos cuando tienen esta vinculación con instituciones que resguardan a privados de libertad, ya sea que residan en estas o visiten a sus parientes”, explicó.
Asimismo, compartió que actualmente esta estrategia está en la fase de la implementación, que incluye la formación del personal penitenciario, pero también otros puntos de atención, como la concientización del trato que deben recibir los menores, no solo por parte de los trabajadores de las entidades, sino de sus propios parientes.
“Es un desafío importante el ir generando conciencia en las personas privadas de libertad para que cuando sus hijos o hijas los visiten sea trate de un momento de amor, no que sean regañados o les peguen, porque se dan casos en los que los agreden debido a que reciben quejas de las personas que están a cargo de ellos”, puntualizó.
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