El país entero se escandalizó. Un secreto a voces se reveló e hizo público. Secretarias que ganan más de Q30 mil quetzales, fotógrafos con sueldos de Q19 mil y una enorme cantidad de conserjes que ganan de Q5 mil hasta arriba de Q20 mil.
Estas cifras fueron reveladas por el Presidente del Congreso, el Diputado Mario Taracena, cuando hizo pública la lista de los nombres de los empleados de este organismo y los montos de sus sueldos. Es cierto, cumplió con la ley. Sin embargo, hay que reconocer la voluntad política y el coraje del Presidente para hacer lo que hizo.
Lamentable es ver que el organismo que crea las leyes luego no las cumpla. Estoy hablando en este caso de la Ley de Acceso a la Información Pública. Los últimos presidentes de este organismo impidieron el acceso a información sobre los sueldos en el Congreso.
Bajo justificaciones insostenibles, argumentando incluso medidas de seguridad para resguardar la vida e integridad de los empleados, para que estos no fueran objeto de extorsiones y otros actos delictivos.
La publicación de la lista de empleados y los sueldos que perciben generó condiciones para que apareciera nuevamente sobre la mesa las exigencias de reformas a la Ley Orgánica de ese organismo, de renegociar el pacto colectivo con los trabajadores y abre la puerta para que se inicien investigaciones y procesos judiciales.
El reto con la reforma a Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) está en promover cambios para que el Congreso pueda cumplir de mejor manera con sus funciones de legislar, representar, controlar y fiscalizar. Las reformas deberían abordar aspectos relacionados con la integración y el funcionamiento de las comisiones de trabajo, el transfuguismo, la interpelación, mejorar los procesos de contratación para evitar que sean reductos de prácticas de nepotismo y corrupción, entre otros aspectos. Ya hay varios proyectos de ley. Espero que la voluntad política se exprese en el Congreso y avance un buen proyecto que reforme a este organismo del Estado.
De igual manera, la publicación de esta información pude abrir espacios para que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realicen investigaciones que identifiquen a los responsables, deslindan las responsabilidades y presenten acciones en contra de diputados y funcionarios del Congreso. Recordemos que el año pasado se desarticuló una estructura vinculada a la venta de plazas fantasmas.
Es positivo que los funcionarios y representantes públicos realicen ejercicios de transparencia activa y pongan a disposición de los ciudadanos información sobre las instituciones. Estoy consciente que de la noche a la mañana no cambiará esa cultura burocrática-administrativa que limita el acceso a la información. Sin embargo, la acción del Presidente del Congreso ya está generando un efecto de contagio. Por ejemplo, el alcalde de Mixco, Neto Bran, publicó los sueldos de la municipalidad. Espero, por ejemplo, que esto se contagie en todas las municipalidades del país.
No hay que dejar atrás la tarea que nos queda a los ciudadanos. Consolidar la cultura democrática y romper con los ciclos de miedo e intimidación que limitan la participación en los asuntos públicos. ¿Qué opina usted?