Aunque era un secreto a voces, en las últimas semanas han salido a luz detalles de los famosos “pactos colectivos” en diferentes instituciones del Estado. Los datos que hemos conocido hasta la fecha le paran el pelo a cualquier persona, pero también les dan la razón a todos aquellos que hemos dicho hasta el cansancio que algunas negociaciones hechas a la sombra han sido lesivas para el país desde hace muchos años.
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Muchos de estos pactos fueron negociados a la ligera y han ocasionado un fuerte desequilibrio financiero al país, lo que ha repercutido en la asignación de recursos para el funcionamiento del resto de instituciones del Estado. En un país, en donde más del 50% de la población vive en extrema pobreza y carece de servicios básicos de calidad, es ofensivo saber que unos cuantos gozan de privilegios como bono anti-estrés, bono vacacional, bono de aniversario y otros tantos beneficios.
Los funcionarios que negociaron la mayoría de los pactos colectivos no cumplieron con el dictamen técnico del presupuesto, de finanzas públicas ni de la Oficina Nacional de Servicio Civil. En plena crisis en el sistema de salud, preocupa saber que solo en 2015 se erogaron mil millones de quetzales para cumplir con estos compromisos, que lo único que hicieron fue minar las finanzas del Estado y fomentar la corrupción.
Es positivo que la Procuraduría General de la Nación haya denunciado que 14 pactos colectivos trasgreden normas constitucionales, mientras investiga la legalidad de otros cinco. Es importante que ya se estén presentando las denuncias penales contra los funcionarios que negociaron y no observaron el procedimiento correcto de aprobación.
Solicitamos al Gobierno del presidente Jimmy Morales que analice a conciencia si los actuales pactos colectivos son viables y, a la vez, inicie la renegociación de los mismos. Los recursos que obtiene el Estado se deben redireccionar para beneficio de la mayoría de guatemaltecos. Se debe invertir en salud, educación y seguridad, ya que estos son elementos clave para el desarrollo del país.
Es importante resaltar que, en la Cámara de Industria de Guatemala, no nos oponemos a la labor sindical. Vemos positivo que los trabajadores se organicen y pidan mejores condiciones laborales, siempre y cuando estén dentro de un marco razonable y ligado a la productividad. Los beneficios otorgados a los empleados estatales deben ir de la mano de una mejora en la prestación de servicios para la población.
Bajo ninguna circunstancia podemos permitir volver a las prácticas del pasado; la transparencia en la negociación de pactos colectivos y el correcto uso de los recursos del Estado no están en discusión. Es momento de dar los pasos indicados que nos lleven hacia el país que todos anhelamos; es un trabajo arduo, pero es hora de empezar.
