“En mi caso siempre he pensado que, cuando haya duda, hay que limitar el poder del estado, en todas su formas y contextos, pero especialmente para salvaguardar la privacidad y la seguridad física de los ciudadanos”.
Nunca fui un estatista. Nunca creí que el Estado debe intervenir en todos los ámbitos de la actividad empresarial o individual, y ciertamente nunca he creído que el estado sea la cura mágica para todos los males de una sociedad.
En ese sentido siempre he sido un constitucionalista, es decir, un ciudadano que, en forma natural, por las miles y miles de muestras de violaciones a la libertad individual, corrupción, abuso y latrocinios que el estado ha dado en nuestro medio y a lo largo de la historia, siempre desconfié del poder público y siempre creeré que las leyes del Derecho Público, pero en especial la Constitución, tienen como deber y razón de ser fundamental prevenir el abuso de poder del estado.
Sin embargo, hay cientos, si no miles, de ONG, de activistas y agitadores profesionales, gente que usa la violencia como método y está protegida por el statu quo, tanto de embajadas como de autoridades títeres de dichas embajadas, y ONG nacionales e internacionales, que tienen y profesan lo que sería el equivalente al fanatismo de un culto religioso en el estado.
Y, con lo anterior, no quiero decir que no admita que se necesita un buen nivel de orden y predictibilidad en la ley y de poder público para hacer cumplir una ley general, abstracta e impersonal, pero fundamentalmente justa, que no discrimine entre ciudadanos, que somos todos iguales ante la ley, y que defienda la soberanía y el imperio del Derecho, tanto frente a sus oponentes y enemigos internos como externos. Creo en la soberanía y en un estado limitado con un poder público que meticulosamente deba cumplir con los límites que la Constitución y la ley le impongan.
Por ello, cuando veo propuestas estatistas y tomas de poder como las que el ICEFI sus “expertos”, que mejor sería llamarlos ideólogos radicales de pensamiento único: aumentar tasas de impuestos, aumentar impuestos y aumentar impuestos, y con ello siempre y en forma repetitiva proponer expandir los poderes de un estado policíaco y que pueda abusar en potencia del poder público.
Veamos, por ejemplo, la última propuesta del ICEFI junto con el estado de expandir el control del Poder Ejecutivo sobre la SAT, con un Directorio dominado por el presidente del Banguat, el ministro de Economía y el de Finanzas. Pareciera ser que la racional es: cuando tenga duda sobre un problema complejo, la solución siempre es expandir el poder del estado o crear nueva burocracia estatal y esta, como por arte de magia o solo porque la ley lo prohíbe, se comportara dentro de los límites de la ley, no abusara de su poder y encima efectuara su función en forma eficiente, como digo, por arte de magia, por artículo de fe.
El ICEFI, en su propuesta, que se supone incluiría una orden de juez para levantar el secreto bancario del contribuyente en cuestión o perseguido por la SAT; no solo entra en contubernio con miembros de la UNE, un partido corrupto que, por una minoría, controla la junta directiva del Congreso, sino que propone poner a disposición de la SAT y a su antojo el secreto bancario de todos los contribuyentes del país, sin mediar pena de prision o delito de revelación de secreto bancario o tributario para el burócrata o funcionario que lo revele o haga mal uso del mismo, sino que en la propuesta del ICEFI, con una mera sanción administrativa o mera destitución basta. Qué bonito, ¿no? ¿Se imagina a la SAT, con los niveles de corrupción que ha demostrado tener, haciendo extorsión y presionando o filtrándole al crimen organizado los saldos de las cuentas bancarias de los guatemaltecos?
Lo que es más grave, el año pasado vimos que hasta en el mismo Banguat y algunos de sus funcionarios incluso hacían favores particulares a narcotraficantes que recibían supuestamente en el despacho del mismísimo presidente del Banguat, y aun así parece que el ICEFI pretende que, si la SAT tiene acceso a violar la privacidad de todos los contribuyentes de Guatemala, no abusará de ese poder, no les filtrará a terceros esa información o no tendrá funcionarios corruptos que abusen de ese poder para extorsionar, perseguir o cometer delitos y abusos contra los contribuyentes. ¿No existen ya delitos tributarios que si se cometen el MP tiene obligación de perseguir? ¿Para qué darle mas poder (haciendo la salvedad de todos los funcionarios y los trabajadores honrados que allí trabajan y cumplen con la ley) a una entidad ampliamente cooptada por la corrupción como la SAT?
En mi caso siempre he pensado que, cuando haya duda, hay que limitar el poder del Estado , en todas su formas y contextos, pero especialmente para salvaguardar la privacidad y la seguridad física de los ciudadanos.