“El gasto del Congreso se duplicó de 2008 a 2016, con el mismo número de diputados. Además, en promedio por cada diputado se despilfarra más. En el año 2002 se gastaba Q1.2 millones por diputado, mientras que en el 2014 se gastó Q4.3 millones”.
La política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad son los factores que destruyen al ser humano, decía Gandhi. Sabias frases que nos hacen reflexionar a los guatemaltecos por situación que estamos viviendo. A pesar de que era un secreto a voces el tema de las “plazas fantasmas” en el Congreso de la República, fue hasta la semana pasada que estalló el problema. En esta oportunidad se señala de abuso de autoridad y usar fondos públicos para su interés, por medio de contratos de personas a tres exdiputados y al exdirector general del Congreso. El Ministerio Público ha solicitado se declare con lugar el antejuicio a siete diputados, todos relacionados por las mismas causas, con especial mención a los expresidentes del Congreso Arístides Crespo y Luis Rabbé, acusados también de nombramientos ilegales.
En caso de que sean procesados –luego de quitarles la inmunidad–, prácticamente tendríamos a los cuatro expresidentes del Congreso del la legislatura pasada en prisión, principalmente por el tema de plazas. Es importante comentar que de 2013 a 2015, en el reglón 011 se incrementó el número de empleados en 30% (de 1,308 a 1,702), y en el reglón 022 de 663 a 1,503 (127%). Hay 21 empleados por diputado. Con tantos trabajadores es difícil el control de los mismos. Además muchos fueron contratados sin proceso competitivo, sin llenar las calidades y además condicionados al diputado, no a la institución, lo que los convierte en fantasmas porque cobran pero están ausentes. Adicionalmente el pacto colectivo que otorga 10% de incremento anual, ha incrementado la demanda de plazas en el parlamento, al lograr salarios hasta 8 a 10 veces más altos que los del mercado.
El gasto del Congreso se duplicó de 2008 a 2016, con el mismo número de diputados. Además, en promedio por cada diputado se despilfarra más. En el año 2002 se gastaba Q1.2 millones por diputado, mientras que en 2014 se gastó Q.4.3 millones. Al comparar el costo legislativo como porcentaje del gobierno central a nivel latinoamericano, Guatemala es el quinto más alto.
Respecto de su desempeño, se podría resumir que la legislatura pasada se dedicó a gastar dinero, interpelar ministros y muchos de los diputados a hacer negocios. Disminuyó el número de días que sesionaron, de un promedio de 80 a menos de 40. La antepasada Legislatura sesionó 258 veces, mientras que la pasada menos de 100. En relación a decretos emitidos, en las tres anteriores legislaturas superaron las 200, mientras que el año paso ni siquiera se llegó a 90. En relación a las interpelaciones, hubo menos –tan solo tres– pero de muy larga duración, dedicando en promedio 24 días a cada una cuando anteriormente no pasaba de un promedio de seis.
Una tarea pendiente es mejorar la eficiencia del Congreso. La nueva ley del Organismo Legislativo así como la Ley Electoral de Partidos Políticos colaborarán en parar el transfuguismo y moderar su comportamiento. Hay más transparencia, pero falta aún mucho por hacer. Las leyes que se han producido en los últimos meses en su mayoría no llenan ni los requisitos de forma, mucho menos de fondo. Continuarán los casos de corrupción y abuso de poder entre los diputados y varios serán señalados, procesados y condenados. Aunque la nueva ley del Congreso les haya concedido el nombre de dignatarios, no se lo merecen porque muchos no tienen autoridad moral, ni el prestigio personal y mucho menos honor. Deseamos que este organismo se vaya depurando poco a poco, esperando que en las próximas elecciones se postulen personas dignas que nos representen y que merezcan el cargo. ¿Qué opina de las plazas fantasmas? ¿Cómo disminuir el abuso de muchos de los diputados? ¿Qué hacer para lograr un mejor desempeño del Congreso?