De todo lo que hemos vivido, es evidente que necesitamos fortalecer el sector justicia y contar con un organismo Judicial efectivo y eficiente. Aquella promesa de “justicia, pronta y cumplida” podría estar lejos de alcanzarla si no hacemos los cambios institucionales correctos.
Convencidos de la importancia de la justicia para el país, se vio positiva la iniciativa que los tres presidentes de los Organismos del Estado, el Procurador de Derechos Humanos, la Fiscal General, el Comisionado de CICIG y el representante de Naciones Unidas de reformar la Constitución.
Con el afán de participar muchas instituciones se dieron la tarea de estudiar la propuesta para retroalimentarla, lo que fue un tanto decepcionante pues el texto presenta varias deficiencias. Por ejemplo, no se dieron a conocer los documentos técnicos que soportan la propuesta y adolece de deficiencias jurídicas. Tampoco incluye las consideraciones de la reforma y no se expone qué se desea lograr con los cambios.
Pese a ello, se percibe buena fe de los organizadores y hay deseos de aportar, razón por la cual varias organizaciones revisaron el texto, participaron en la primera etapa –los diálogos regionales– y presentaron sus comentarios y objeciones. Sin embargo, la secretaría técnica informó que en la primera etapa predominó el consenso en casi todos los artículos, síntesis o resolución que varios participantes no aceptan ya que hubo bastantes desacuerdos en las distintas mesas regionales.
Se pasó a una segunda etapa, las mesas técnicas. Desde su inicio surgió en la mayoría de invitados dudas respecto a la metodología. Varias instituciones solicitaron cambios debido a que no permite dialogar, discutir y mucho menos llegar a consensos o acuerdos. El jueves pasado fue la segunda reunión. Se pretendía que una mesa integrada por 50 personas nombrara un relator, para que luego de la discusión, fuera a representar a los miembros de la mesa –lo que no fue aceptado por la plenaria–. Abordar temas tan especializados en mesas de tantas personas es complicado, más aún cuando se le concede a cada participante un muy limitado tiempo para opinar sobre bloques de artículos constitucionales en un ambiente de conocimientos diversos. Al final cada mesa tomó su dinámica y acordó que los relatores solo compartirían el resultado de la discusión, pero no tendrían facultades para cambiar posiciones. Finalmente se avanzó muy poco.
Preocupa que no exista un liderazgo claro respecto de quienes presentan esta reforma, quienes las deberán revisar y quienes la defenderán. El presidente Morales ya se retractó de varias de sus disposiciones, muchos jueces no avalan la reforma y la mayoría de los participantes no la comparten. Adicionalmente, ya se acordó una discusión con las distintas bancadas del Congreso y ni siquiera hay consensos del texto final.
Se recomienda hacer un alto y reconocer que este proceso no tendrá los resultados deseados. Debe iniciarse con contar con una buena propuesta, con todos sus argumentos y una exposición de motivos, elaborada por los mejores juristas locales y diseñar una nueva metodología para su discusión. ¿Es necesaria una reforma a la Constitución para mejorar la justicia? ¿Quiénes debieran de liderar este proceso? ¿Cuáles serán las posturas de las distintas bancadas del Congreso?