Sin duda alguna la discusión sobre la familia, los valores familiares, el concepto tradicional de la familia y el inevitable combate y choque que por la defensa de esos valores se da entre nosotros, por la imposición de una agenda política de ideología de género y de identidades sexuales diversas, fondeado desde afuera de Guatemala y que quiere imponerse con leyes especiales, con cuotas y con la creación de entidades estatales para mantener forzar y promover esta ideología política, artificial entre la sociedad guatemalteca, solo porque ese es el antojo o la imposición arbitraria de los actores internacionales, de algunas embajadas y de la particular ideología de algunos embajadores y ministerios de relaciones exteriores de poderes externos a Guatemala.
Un tema así de fundamental, para una sociedad eminentemente conservadora y mayoritariamente religiosa, como la guatemalteca, necesariamente genera una respuesta muy fuerte especialmente del mundo creyente de la sociedad guatemalteca.
En este contexto se ha presentado un proyecto de ley al congreso por 17 diputados que de alguna forma intenta definir el matrimonio tradicional sin enmarcarlo dentro de un ámbito netamente religioso, pero que si lo define como una institución entre un hombre y una mujer con el fin de procrear hijos. Lamentablemente me parece a mí, el proyecto va un paso más allá de lo prudente y prohíbe o pareciera prohibir la enseñanza de una visión alterna de la familia desde la llamada “diversidad sexual”, con lo cual, como se podría esperarse, una ONG se presenta al Ministerio Publico, a demandar penalmente a los 17 diputados por presentar dicho proyecto de ley por supuestos delitos de discriminación contra esta comunidad homosexual o de la “diversidad sexual”.
No es extraño que una ONG que recibe dinero del extranjero para promover dicha agenda política e ideología, demande o presente querellas penales contra los diputados al Congreso, lo increíble es que el MP le dé tramite a dicha demanda y no la desestime in limine por manifiestamente ilegal, pues es increíble que se quiera perseguir penalmente a algunos diputados por presentar un proyecto de ley que es precisamente su función y su trabajo.
Si uno o algunos de los artículos del proyecto de ley les incomodan o molesta a dicha ONG, pues puede litigar de inconstitucionalidad contra el proyecto en el eventual caso que se convierta en ley. Lo que es increíble es que se quiera llevar a la cárcel a diputados al Congreso por presentar un proyecto de ley lo cual según la Constitución Política de la República, es la función legislativa par excellence.