Durante varios meses, muchos guatemaltecos se quejaban por carecer de su Documento Personal de Identificación (DPI) a tiempo y que no había suficientes libretas para obtener un pasaporte ordinario. Difícil situación, ya que los medios de identificación son una herramienta fundamental para la seguridad ciudadana.
Uno de los objetivos de la información a cargo del Registro Nacional de las Personas (RENAP), independientemente de dirigir y centralizar el registro civil de las personas y emitir el DPI, es proveer al Estado de herramientas necesarias para su efectivo cumplimiento, donde determinados datos personales resultan indispensables para la averiguación y persecución de los delitos y la administración de la justicia. La Dirección General de Migración del Ministerio de Gobernación se encarga del control migratorio y la emisión de los pasaportes –documento de identificación del guatemalteco en el extranjero–.
Un estudio, que recientemente llevó a cabo el CIEN, presentó que la escasez de estos documentos se debió a una serie de factores. En el caso del DPI, la emisión de la Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto 90-2005) implicó sustituir drásticamente un modelo descentralizado de registro civil y la emisión de la Cédula de Vecindad a cargo de las municipalidades, por un ente centralizado y tecnológico. La contratación de la empresa Easy Marketing, S. A., basada en el esquema de delegar la operación del RENAP, se otorgó en un ambiente de múltiples denuncias, reclamos de la calidad del servicio, alto costo y preocupación de no tener certeza del resguardo de la información. En 2015, el RENAP decidió asumir la totalidad de la prestación del servicio y tuvo que operar con una Ley de Contrataciones del Estado, que resultó bastante limitante.
No tener DPI o su posible falsificación compromete los sistemas de seguridad personales y del Estado. El DPI no solo es el documento oficial de identidad, es la base para la emisión de demás documentos públicos, que se soportan en la validez de la fuente biográfica que contiene el DPI. Según informaron las autoridades del RENAP, la situación está casi solucionada, ya están la mayoría de los DPI y ahora el reto es que sus titulares los recojan en las sedes.
Respecto a los pasaportes ordinarios a finales de 2016 y durante el primer semestre del presente año, miles de personas no pudieron obtener su pasaporte. Se encontró que, por un lado, se dio un súbito incremento en la demanda de pasaportes, y, por otro, había escasez de libretas. Debido a las reformas a la Ley de Contrataciones de 2015, no se admitía compras por excepción, el Congreso, en octubre del año pasado, autorizó a la Dirección General de Migración abastecerse por medio de una compra directa de 500 mil libretas. Se espera que el servicio se regularice durante este mes.
Sin embargo, la escasez de libretas es síntoma de un problema mayor, como la vulnerabilidad del sistema migratorio y las deficientes medidas de seguridad que revisten al pasaporte, ello evidenciado con la captura, de hace unos años, de funcionarios relacionados por otorgar ilícitamente residencias temporales, ingreso, tránsito y salida del territorio nacional a persona de distintas nacionalidades.
Con este estudio se evidenció que hay problemas serios de planificación, débil supervisión, pocos controles y peligro con el resguardo de la información personal de los guatemaltecos. Además, la Ley de Contrataciones del Estado y sus múltiples reformas han hecho inoperante al gobierno para reaccionar ante situaciones que ponen en riesgo la prestación de servicios públicos que pueden ser esenciales.
Es urgente que el Estado, en su conjunto, se unifique para realizar cambios de fondo en las adquisiciones públicas, planificar basado en posibles escenarios, utilizar períodos de transición para la buena implementación de nuevas medidas, determinar posibles imprevistos y resguardar la información.
¿Tiene usted DPI? ¿Cuenta usted con un pasaporte al día? ¿Cómo logramos que instituciones públicas trabajen de forma ordenada, eficiente y al servicio de los guatemaltecos? ¿Qué hacemos para que el Congreso emita una Ley de Contrataciones que facilite la prestación de los servicios públicos en armonía con la transparencia?