El acuerdo que ratificó la creación de la CICIG cumple hoy 10 años de haberse aprobado en el Congreso. Guatemala ha cambiado enormidades desde entonces. Más de lo que quisieran quienes sabotearon a la Comisión desde el principio y que hoy la atacan sin pudor ni vergüenza. Menos de lo que quisieran quienes urgen de cambios radicales y que nunca se detienen a meditar si el exceso de velocidad puede ocasionar percances en las curvas. Lo suficiente para quienes ven en el camino un proceso aún largo y tortuoso por delante, pero por el que vale la pena pelear y jugársela de todo corazón y de toda ciudadanía. A los que siempre denostaron la idea de una comisión independiente de los poderes fácticos locales y transnacionales, lo ocurrido especialmente desde 2015 es una afrenta que los enfada y los perturba. Aquí estaba todo tan bien estructurado para el negocio turbio y para que las mafias jamás soltaran sus privilegios, que el hecho de que guarden prisión varias ex máximas autoridades y personajes otrora intocables, debe fastidiar al status quo hasta en lo más íntimo de su ser. Las fachadas de pujanza supuestamente ganada en buena lid se han ido desplomando con reveladores estruendos. No digamos las prosperidades opulentas surgidas de la noche a la mañana al ocupar un puesto gubernamental. Hasta quienes se han librado por una u otra razón de la cárcel saben que ya nada es como antes. Un aspecto relevante en el que se evidencian los cambios radica en el cumplimiento de las obligaciones con la SAT. Son múltiples los particulares y las empresas que se han puesto voluntariamente al día con el fisco, previendo una intervención o una captura. Miedo que le dicen. Por otra parte, hay quienes ahora empiezan a prestarle atención al tema de derechos humanos y al de presunción de inocencia, porque saben de sobra que pasar una noche en la carceleta de Tribunales, o ser detenido bajo la lupa mediática conlleva un desprestigio fulminante. No lo hicieron jamás en los años previos cuando eran “otros” los que caían. La carceleta, mientras más andrajosa, mejor. Así pensaban. Y todavía quedan muchos que no entienden. Los derechos humanos son y deben ser para todos. Eso nos engrandece como sociedad. Y nos propulsa hacia el futuro con el inigualable vigor de la civilización. Ciertamente, aún siguen en activo las mañas de innumerables corruptos. Las movidas debajo de la mesa no se han ido ni quieren irse. Pero en la actualidad, los hampones lo piensan dos veces. Y eso ya es ganancia. Una ganancia producto de ese proceso largo y tortuoso del que escribí líneas atrás. Un proceso en el que cada comisionado ha contribuído en mayor o menor manera. Valga decir que, sin la CICIG, se habría consumado lo que muy probablemente era un golpe de Estado en 2009, cuando el caso Rosenberg casi se trae abajo la presidencia de Álvaro Colom. Baste con revisar quiénes estaban detrás de eso para sospechar de lo avieso de las intenciones; y así, varios ejemplos. No ha sido solo la comisión de Iván Velásquez la que ha ido empujando los cambios, aunque sí haya sido su administración la que ha alcanzado los logros que más han commovido y estimulado a la gente, por medio de sus tan resonantes y categóricos casos que han desnudado la oprobiosa y obscena corrupción que por decenios nos impuso su yugo. No me caben dudas de que, al llegar a juicio estos procesos, las condenas vendrán. Y ojalá que sea pronto, tanto por los culpables del despreciable saqueo, como por aquellos que pudieran haber sido víctimas de una trampa o de la inercia perverse del sistema.
Me preocupa cuando coincido con el comisionado Iván Velásquez en que todavía no hemos arribado al “punto de no retorno” en materia de impunidad. Así lo afirmó en una interesante entrevista firmada por la periodista Evelyn Boche en el Periódico, la semana recién pasada. En tal sentido, es de vital importancia que la ciudadanía sepa aprovechar la enorme oportunidad que se tiene, luego de esta “batida” contra las mafias. Sobre todo, porque aquellos que detestan el nuevo orden de justicia que se está construyendo no descansan un segundo en sus espurios esfuerzos por desprestigiar a quienes dan la cara por Guatemala. No creo que sin la ayuda de CICIG hubiéramos avanzado tanto como lo hemos hecho en estos 10 años. En especial en los útimos dos. Pero qué diferente habría sido este largo y tortuoso camino si, en vez de pelearse por conceptos caducos, la sociedad hubiera alcanzado un acuerdo mínimo para sacarle provecho a la ayuda internacional que, esta vez, sí ha dejado frutos muy valiosos para nosotros. La diferencia que marca el 16 de abril de 2015 para la historia contemporánea del país, es que un día antes de esos operativos del primer “jueves de CICIG”, no había esperanza alguna de ganar. Ahora sí la hay. Y el mérito lo comparten muchos guatemaltecos que han entendido que con la corrupción escandalosa y putrefacta de ese pasado cercano no había posibilidades ni siquiera de mediano plazo. Es momento de “ponernos las pilas” y de fortalecer las instituciones. No quiero imaginar qué sería de Guatemala si no se hubiera ratificado la CICIG. Pero estoy consciente de que esa misma CICIG que hoy apuntala nuestras luchas no puede ni debe ser eterna. Por favor lea a continuación y medítelo: ¿Necesitaremos una CICIG en 2027?