La tragedia del Hospital Roosevelt del 16 de agosto por el traslado de un pandillero para obtener servicios de salud dejó la muerte de siete personas y 12 heridos, creó temor en los trabajadores y además desconfianza en la población que es atendida por el servicio público. Adicionalmente, el reo logró su cometido: escaparse.
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También dejó grandes lecciones respecto de la seguridad ciudadana y los traslados de los privados de libertad. Recientemente, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) realizó una investigación respecto de la salud de los privados de libertad y las acciones que se están ejecutando en búsqueda de otorgar el servicio como un derecho a esta población, pero resguardando la seguridad de los profesionales que trabajan en salud pública y de los usuarios del servicio.
Es importante comprender que la autorización para un traslado médico de un privado de libertad depende de autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), el juez competente del Organismo Judicial (OJ) y especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Adicionalmente, si la persona que será trasladada tiene un perfil de alta peligrosidad, debiera de tomarse medidas específicas de resguardo, como contar con mayor soporte de guardias penitenciarios y solicitar apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).
No todos los privados de libertad están enfermos, y mucho menos requieren salir del centro penitenciario para ser atendidos. Las principales causas de movilidad en las cárceles tanto para hombres como para mujeres son las enfermedades pépticas y el resfriado común. Al no contar con atención en los centros carcelarios, se requiere realizar los traslados al exterior. El estudio detectó tres tipos de reclusos que solicitan o demandan servicios de salud: 1) Quienes realmente necesitan atención médica, los cuales son la mayoría de trasladados; 2) personas que tienen la intención de evadir la cárcel internándose en un hospital, quienes son minoría y suelen tener la capacidad de pagar un hospital privado; y 3) los privados de libertad que aprovechan la salida para reconectarse con su estructura criminal o escaparse –los cuales son minoría, pero mayoritariamente pandilleros–.
Lo importante es que se está reaccionando positivamente. Según la DGSP, se han iniciado cambios, como la apertura de laboratorios y la implementación de nuevos protocolos. De hecho, los traslados por motivos médicos se han reducido de 30 a seis diarios. A la fecha del estudio (septiembre 2017) se encontraban 43 privados de libertad recluidos en hospitales, quienes habitan en 10 de las 21 cárceles. La tasa promedio es de dos reclusos hospitalizados por cada mil. Sin embargo, en las cárceles de Matamoros y Mariscal Zavala la tasa asciende a cien y 77 por cada mil.
El estudio recomienda continuar con los esfuerzos para tener mejores servicios médicos en los centros penitenciarios, lograr el abastecimiento constante y planificado de medicamentos en cada uno de los centros, sostener suficiente personal médico y destinar el presupuesto necesario para mantener funcionando los servicios de salud. También se recomienda fortalecer la unidad de análisis del Sistema Penitenciario por medio del aumento de número de personal y capacitación especializada en inteligencia; así como la capacitación constante del grupo élite encargado de los traslados. ¿Qué otras medidas deben tomarse para evitar traslados a hospitales? ¿Cómo prevenir enfermedades en los centros penitenciarios? ¿Cómo lograr mayor coordinación y colaboración entre las autoridades que se involucran en el traslado de un privado de libertad?
