La crisis política continúa y no hay visos de que vaya a terminar pronto. Los involucrados siguen aferrados a sus trincheras, solo viendo el interés personal y no el bien común. Esa es la lógica entre los dirigentes hechos a la escuela de la impunidad. Y también la de los políticos que ven el oficio como un lujurioso negocio. Su deducción es matemática: “Mientras yo esté bien, que el país se caiga a pedazos”. A lo que añaden la siniestra apuesta de siempre: “El próximo escándalo borrará el anterior”. Preocupa tanta inmovilidad; tanto desconcierto. En el ínterin, la calle se enfada. La economía sufre. Y la incertidumbre crece. No quiero imaginar 2018 en estas condiciones. El episodio debería resolverse lo antes posible. Causa molestia siendo todo tan obvio. Gran molestia. Es el precio que pagamos por la ineptitud coludida con el crimen organizado. La lucha contra la corrupción no debería ser negociable. Cueste lo que cueste. Eso no parecen entenderlo los liderazgos políticos ni sus socios en las distintas esferas de poder. O tal vez porque lo comprenden a la perfección es que se aferran a lo poco del oxígeno que les queda. Dan pena de verdad. Y atizan las dudas con grosera irresponsabilidad. A ratos se ven desesperados. Pero algunos se muestran ocasionalmente envalentonados cuando se juntan. No puede ser de otra manera.
De llegar a concretarse, ese diálogo del que cada vez se habla menos solo servirá para organizarnos como sociedad y así estar medianamente listos cuando las resistencias delictivas se desmoronen y haya una verdadera oportunidad de cambios. Los peligros acechan. Y muchos son propiciados por el conservadurismo montaraz, que proclamando un temor por el totalitarismo, lo que hace es motivarlo. Me aprovecho de las palabras de John F. Kennedy: “Los que hacen imposible una revolución pacífica harán inevitable una revolución violenta”. Aquí los cambios graduales los vienen haciendo la CICIG y el MP con la depuración del sistema. Lo cual implica que, al lograr pujanza para la justicia, las tensiones bajan. Solo romper con el caduco concepto de “intocables” ya trae consigo que las coordenadas sociales respiren. Y eso, aunque los extremistas con intereses oscuros lo nieguen, alienta un proceso que, al dar esperanza, evita el gran estallido. La impericia y los despropósitos del presidente en el manejo del tema CICIG evidenciaron cómo el interior del país puede tomar una relevancia inmediata con resultados muy directos. Con el paso de los días se hacen sentir más las plazas en los departamentos. Y si persiste la necedad de oponerse a modificaciones progresivas de la estructura social, los brotes de resistencia y de descontento se irán multiplicando, y quién sabe hasta dónde lleguen, porque eso nadie puede controlarlo. Al mismo tiempo, es urgente asumir que no es posible resolver nuestros problemas en cuestión de dos semanas. De ahí la necesidad de los procesos, que, aunque tropiecen, deben mantener el paso con salud suficiente como para no retroceder. Una muestra de madurez la dieron meses atrás las autoridades ancestrales cuando aceptaron sacar el tema del pluralismo jurídico de la discusión de la reforma constitucional. Cedieron. Facilitaron. Dieron margen. No ocurre lo mismo con quienes pretenden detener, a cualquier precio, que el régimen de impunidad no alcance a evolucionar a uno de legalidad. Y ahí radican los riesgos latentes. Pero a la vez, las oportunidades. Con la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, el presidente Jimmy Morales podría tener su última circunstancia favorable para no caer en el peor precipicio imaginable. Está claro que la visión del diplomático en cuanto a la lucha contra la corrupción es tan rotunda o incluso mayor que la de Todd Robinson. Morales solo podrá impedir su descalabro si decide abanderar en serio esa causa. Sin embargo, veo difícil que lo logre. Y más difícil aún que pueda separarse de sus actuales aliados, entre los que figuran los diputados mal y peor vistos, que en número pasan de cien, y que tienen en sus manos retirarle su inmunidad. ¿Se atreverá el presidente a comprometerse con un movimiento que pelea contra los corruptos y los ladrones? En Chiquimula dio señales de querer dar un paso atrás. Ya veremos.
La gente está harta. Y como dijo por la radio el excanciller Fernando Carrera, no es ético que, tanto el mandatario como los diputados, se escuden y se protejan en una institucionalidad que ellos mismos han socavado y que siguen destruyendo con su actuar. Y coincido asimismo con Richard Aitkenhead en cuanto a que los 107 que votaron en el Congreso por impulsar el manto de la impunidad no son aptos ni aceptables para aprobar ninguna reforma.
La crisis política continúa y no hay visos de que vaya a terminar pronto. A pesar de lo denso del ambiente. A pesar de que la calle se enfade cada día más. Sin embargo, no abundan las salidas, lo cual es bueno y malo. Bueno, porque no hay mucho por dónde perderse. Malo, porque eso puede implicar respuestas violentas, producto de la desesperación. Ojalá, no. Sería terrible para esta Guatemala nuestra que ha aprendido a resolver sus grandes conflictos por medio de gestas pacíficas. Confío por ello en que la cordura prevalecerá. El país no se merece otra canallada como las de siempre. No esta vez.