Esta semana circuló públicamente la ayuda de memoria de la reunión que sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, con el Secretario General de las Naciones Unidas –ONU–, António Guterres. La filtración se dio en medio de un contexto político marcado por el proceso de elección del fiscal general del Ministerio Público y por una lucha que puede determinar el futuro de la lucha contra la corrupción e impunidad en el país.
Lo revelado es una de las acciones que desde el Ejecutivo buscan, ya abierta y francamente, la salida del comisionado Iván Velasquez como titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, nada nuevo ni sorpresivo. Recordemos que el año pasado el presidente tomó la infructuosa e inefectiva acción de declarar al comisionado una persona non grata, para expulsarlo del país.
A esta acción se sumó el intento en el Congreso de modificar la ley para beneficiar a políticos corruptos, en el llamado #PactoDeCorruptos. Estas dos acciones marcaron la cancha y definieron los actores que están en cada bando.
Lo interesante de la ayuda de memoria es analizar que los argumentos presentados por la delegación oficial, que viajó a New York, son bastante débiles. En principio se indica que el gobierno de Guatemala apoya a la CICIG pero no a Iván Velásquez. Esa postura en el contexto actual es básicamente anular el trabajo que está realizando la comisión.
La estrategia es cambiar al comisionado para ganar tiempo no solo con el proceso de búsqueda y nombramiento del que sustituiría a Velásquez, sino que también cuando asuma el siguiente, ya que deberá tener un tiempo prudencial de inducción, adaptación y comprensión de los procesos que se están impulsando en CICIG. Es decir, fácilmente las estructuras que están interesadas en detener o anular el trabajo de la comisión pueden ganar un año o un año y medio. En la práctica eso es debilitar el trabajo de la CICIG. Hay que tomar en cuenta que el mandato de la comisión se debe renovar en septiembre de 2019. Y eso lo hace el Ejecutivo.
Por otro lado, demostraron un total desconocimiento del objetivo que tiene la CICIG en el país. La comisión no fue creada exclusivamente para verificar violaciones a derechos humanos, sino para desarticular a los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, que desde el conflicto armado han derivado en actividades como la corrupción y cooptación del Estado. Desde luego, esto pasa por el fortalecimiento del sistema de justicia, a través de un trabajo conjunto con las instituciones, propuestas de políticas públicas y reformas legales y administrativas, entre otras.
Es lamentable que estén tratando de desvirtuar el objetivo que tiene la comisión. Evidentemente, el interés es detener los avances que se han tenido en la identificación, investigación penal y desarticulación de estas estructuras. Y presentar de esa manera los objetivos de la CICIG fue intencional. Aunque no estratégico porque colocó al Gobierno en una posición muy débil. Por un lado, se desgasta públicamente con la filtración de la minuta y por otro se evidencia la poca capacidad para articular los reclamos de manera sólida, coherente y contundente.
El efecto que tuvo la filtración en la discusión pública, tanto en Guatemala como en Estados Unidos, fue de múltiples manifestaciones de apoyo y reconocimiento a la labor que está desarrollando el comisionado, y a condenar las acciones del Ejecutivo, que cada día se ve más desorientado.
La CICIG y el comisionado Velásquez se han convertido en la piedra en el zapato para las estructuras enquistadas en el Estado que viven de la corrupción. ¿Qué opina usted?