En los próximos días se intensificará la discusión sobre el financiamiento electoral ilícito, producto de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la cual se exhorta a que los diputados revisen el segundo párrafo del artículo 407 “n” del Código Penal.
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La discusión entrará en un contexto político marcado por procesos penales sobre el financiamiento electoral ilícito que están enfrentando políticos, diputados, secretarios generales, empresarios, e incluso el mismo presidente, y otros actores.
Hay algunos que están en prisión preventiva, otros que tienen solicitud de antejuicio, y varios que no pueden dormir tranquilamente. Esta característica viene a dar un sabor distinto a la discusión.
Dada la desconfianza que prima hacia los diputados y los recuerdos de las reformas que intentaron aprobar en septiembre del año pasado, los actores políticos ven con mucha precaución los movimientos de los diputados. Es evidente que el mayor temor está en que los legisladores amparados en lo resuelto por la CC busquen torcer la norma y promover impunidad e inmunidad.
Insisto, la desconfianza y las experiencias están marcando significativamente las valoraciones que se hacen sobre el trabajo en el Congreso.
Está claro que la discusión no será sencilla. Hay muchas aristas que varios abogados han puesto sobre la mesa. Si hay consenso sobre la necesidad de precisar y mejorar la norma, mas no cambiar el sentido de la misma. La CC manda a revisar la pena con base en la proporcionalidad, racionalidad y justicia. No está diciendo que eliminemos el delito y que se convierta solo en falta administrativa. Mucho menos se está buscando quitar o diluir la responsabilidad de las autoridades partidarias (a nivel nacional, departamental y municipal) y de los candidatos que se beneficien de este tipo de financiamiento. Muchos quisieran que esto último sucediera.
Esto es importante indicarlo para evitar complicaciones y entrar en discusiones interminables que no conduzcan a consensos en el Congreso. Por ello, el Congreso debe ser muy hábil para realizar esta reforma. Un paso en falso puede tener repercusiones políticas significativas que afecten su deteriorada credibilidad e imagen. Y de igual manera, puede repercutir en un retroceso en la lucha contra la corrupción e impunidad. Es decir, una mala decisión puede debilitar a los partidos políticos, el Congreso y la institucionalidad democrática electoral. Un costo alto que no podemos darnos el lujo de pagar. Hay mucho en juego.
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Los diputados pueden tomar dos caminos. Uno es quedarse en los límites que la CC fijó o, por otro lado, tratar de ir un poco más allá y reformar más elementos de los estipulados en la resolución. La decisión no es fácil. Imagino las presiones que varios diputados de la comisión tendrán de diversos actores, tanto dentro como fuera del Congreso, para que esta reforma pueda ser la puerta de salida a los problemas legales que muchos están enfrentando, y otros que tienen miedo de enfrentar. Algunos sienten que están en un callejón sin salida y están dispuestos a apostarle a todo para no ir a la cárcel.
Una mala decisión debilita el sistema democrático y es un retroceso para los avances en materia de control y fiscalización del financiamiento que reciben las organizaciones partidarias.
La lucha contra la corrupción e impunidad, y todas las acciones que buscan consolidar un sistema de financiamiento de partidarios democrático y transparente se pueden ver truncadas si lo aprobado por el Congreso va en la vía contraria. Las cartas están sobre la mesa. ¿Qué opina usted?
