Ayer se firmó una carta de entendimiento entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de los Partidos Políticos y de la Unidad Especializada de Control de los Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Estas son las unidades más importantes que se incorporaron en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) aprobadas en el año 2016.
La firma de la carta es una excelente noticia para la democracia y el sistema electoral y de partidos políticos en el país. La CICIG, en un fiel cumplimiento al mandato, ratificado por el Estado de Guatemala, busca fortalecer las capacidades y trasladar experiencia, buenas prácticas y conocimiento a estas unidades para que puedan cumplir con la difícil labor que tienen de fiscalizar el financiamiento a los partidos políticos. Nada menos que eso. Cerrar las puertas y ventanas por donde entra el financiamiento ilícito al sistema partidario.
Usted perfectamente sabe el impacto que han tenido las nefastas prácticas de financiamiento ilícito que financian las campañas políticas. Las millonarias sumas de dinero que son entregadas de manera ilegal y anónima a los partidos políticos y que, desde luego, vienen con directos y fuertes condicionamientos. La simple relación entre financiamiento electoral ilícito y corrupción.
En financiamiento partidario no hay almuerzo gratis. Lamentablemente, en el país, los partidos políticos pasan a ser organizaciones que defienden y promueven los intereses de los financistas y dejan por un lado los intereses por el bien común. Los problemas del país, en ese contexto, están en la prioridad número cuarenta y cinco de la lista noventa y ocho que llevan los funcionarios y representantes a las instituciones públicas.
La idea no es “satanizar” el financiamiento a los partidos políticos. Bajo ningún punto de vista se tiene esa intención. Lo que buscan las reformas es tener un TSE con mayor capacidad para controlar el dinero que utilizan los partidos para sus actividades. Necesitamos un sistema de financiamiento transparente y fiscalizable; no el sistema opaco, poco transparente y nada fiscalizable que ha predominado, en el que los financistas quedaban en el anonimato y controlaban las decisiones y acciones partidarias.
No hay que buscarle la quinta pata al gato. El acuerdo que suscribió el TSE y la CICIG es una valiosa oportunidad para que el órgano electoral se fortalezca y esté preparado para enfrentar los desafíos que tendrá que sortear el próximo año. La comisión ha brindado en un esfuerzo conjunto con otras organizaciones nacionales e internacionales un acompañamiento técnico al proceso de implementación de las reformas electorales con el propósito de que las nuevas unidades lleguen lo más fortalecidas y preparadas posible al evento electoral.
La CICIG está actuando en el marco legal y en un cumplimiento irrestricto a las funciones que le competen. La firma de esta carta de entendimiento muestra el compromiso patente que las instituciones tienen para que la lucha contra la corrupción e impunidad en el país se fortalezca, y los procesos de depuración del sistema político se consoliden. No hay injerencia extranjera ni mucho menos se está extralimitando en sus funciones. El objetivo es tener un riguroso y estricto régimen de control y fiscalización al financiamiento partidario. ¿Quiere un sistema transparente y fiscalizable o continuar con el nefasto y dañino régimen de financiamiento que ha predominado en el país? ¿Apostamos por el cambio? ¿Qué opina usted?