La vida política e institucional del país, por la coincidencia de elección de los tres poderes del Estado, está agitada. No descansamos, a pesar de que están electas las autoridades del Legislativo y el Ejecutivo, quienes asumirán funciones en enero próximo; la intensidad y el debate político no ha disminuido.
Como dirían por ahí, no hemos terminado de salir de una elección y estamos metidos en otra.
Los resultados electorales terminaron de configurar la estructura de interés de varios de los actores que estarán presentes, visibles o no, en el proceso de elección de jueces. Las autoridades del Organimo Judicial se elegirán a través de una elección de segundo orden por los diputados del Congreso, actuales y en funciones, no los electos.
¿Por qué es tan importante? ¿Qué estará en juego? En primer lugar, el nombramiento de jueces y magistrados imparciales y, consecuentemente, la independencia judicial; la lucha contra la corrupción e impunidad; la democracia; y la gobernabilidad.
En esta elección es determinante fiscalizar el trabajo de las comisiones de postulación y la elección que harán los diputados en el Congreso.
El ambiente político es complejo debido a la serie de intereses que se ponen sobre la mesa. Especialmente, si consideramos las acciones que muchos grupos, que buscan debilitar la independencia judicial y cooptar el sistema de justicia, realizarán para influir en esta elección en un escenario post CICIG alimentado por los recientes golpes que ha recibido la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Las piezas están en el tablero. La elección de jueces se da posterior a la segunda vuelta electoral, en la que ya fue electo el próximo presidente y definida la correlación de fuerzas en el Congreso, con diputados en funciones (reelectos o no) y diputados electos.
Las comisiones de postulación, tanto para la Corte Suprema de Justicia como la de las Salas de Apelaciones, ya empezaron a trabajar y están realizando su labor en un escenario político complejo, con tiempos y plazos muy reducidos, con muchas presiones de actores externos y en medio de la desconfianza que prima no solo entre los comisionados, sino también por parte de muchos actores que cuestionan el trabajo de las mismas comisiones.
En este sentido, es importante diseñar escenarios que nos permitan analizar los intereses y las relaciones de fuerza que tendrán los actores para elegir a los jueces. Esta elección concentrará la atención de muchos que estarán interesados en debilitar la independencia judicial.
Son innumerables las historias, así como consistentes las críticas al modelo de comisiones de postulación. Este mecanismo de corporativismo le da un papel importante a las facultades de Derecho de las universidades del país y al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) con el propósito de blindar de la influencia política la elección de los jueces, objetivo que a todas luces no se ha alcanzado.
Las comisiones de postulación se han convertido en espacios apetecidos por actores externos que quieren tener control e incidencia en las decisiones judiciales.
Componendas políticas y acuerdos espurios se han tejido para blindar cortinas de impunidad en el país. La democracia y la gobernabilidad necesitan de un sistema de justicia imparcial que controle y limite el poder y las decisiones de las autoridades políticas. Lamentablemente ha sucedido lo contrario.
¿Cuáles serán los factores que pesarán en los actores no visibles, visibles, internos y externos que intentarán influir en la elección de jueces? ¿Cuál es el papel que jugarán aquellos diputados no reelectos que están enfrentando un proceso judicial? ¿Hasta qué punto podrán las autoridades electas (presidente y diputados) ejercer presión o influencia?
La independencia judicial y la lucha contra la corrupción e impunidad estarán en medio de las decisiones que tomarán los comisionados y los diputados. ¿Qué opina usted?