El proceso de transición se está terminando y cada día se acerca más la toma de posesión de las próximas autoridades. Un aspecto que, en este contexto de preparación de los funcionarios entrantes, no se ha discutido con mucho interés es la atención a las personas con discapacidad.
Los datos muestran que de acuerdo con la II Encuesta Nacional de Discapacidad (Endis 2016) 10.2% de la población guatemalteca (alrededor de 1.6 millones de personas) tiene prevalencia de discapacidad, es decir que reporta dificultad o incapacidad para realizar acciones del día a día (Asíes, 2019).
El 31% de los hogares encuestados incluían al menos una persona con discapacidad, y estos hogares eran más grandes, más pobres, tenían mayor promedio de edad y una mayor tasa de dependencia que los hogares sin miembros con discapacidad (Dionicio y otros, 2016).
La relación entre discapacidad, prevalencia de pobreza y exclusión, genera condiciones para que las intervenciones desde la institucionalidad pública sean necesarias. Las próximas autoridades, en los tres organismos del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y las de corporaciones municipales, deben incluir en la agenda de temas prioritarios la atención a personas con discapacidad en las políticas públicas, programas y proyectos que implementarán.
En este sentido, el documento “Agenda para la atención de personas con discapacidad” (Asíes, 2019) contiene un conjunto de propuestas que la Renadisgua, como miembro de la Gran Campaña por la Educación y como parte de las acciones del Observatorio para el Cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Guatemala, identificaron a favor de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala.
La idea es rescatar las propuestas de este valioso esfuerzo para que en el proceso de transición las autoridades electas y salientes tomen en cuenta estos valiosos aportes y los incorporen en las acciones y decisiones que están impulsando.
Los ejes de acción que se proponen en esta agenda fueron tomados de la evaluación de las recomendaciones que el comité de expertos de Naciones Unidas hiciera a Guatemala al cumplirse ocho años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el eje de salud se propone desarrollar desde las instituciones del Estado, en especial desde los ministerios de Salud y Educación, una campaña permanente de prevención de las causas que generan discapacidad. Asegurar que todos puedan contar de forma gratuita con la certificación de discapacidad, facilitando su valoración en zonas rurales y remotas.
En el ámbito educativo se propone fortalecer la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación para que garantice el acceso de los niños y las niñas con discapacidad a la escuela, y que los centros educativos cuenten, de igual manera, con programas permanentes de formación docente para garantizar una educación inclusiva a nivel nacional.
En materia de trabajo, asignar fondos para promover el emprendimiento de personas con discapacidad tomando en cuenta la capacitación técnica, aporte de capital semilla para darle vida a que puedan generar proyectos propios. Hay propuestas en materia de inclusión de las mujeres con discapacidad.
Los invito a que conozcan todas las propuestas que se presentan en el documento en los diferentes ejes y que promovamos acciones desde la institucionalidad pública para atender las necesidades de las personas con discapacidad.