Muchos se quedaron impresionados de la acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) la semana pasada cuando presentó el caso denominado “Comisiones Paralelas 2020: Control político y judicial en manos de un privado de libertad”.
Sin embargo, no es la primera vez que sucede que un privado de libertad tenga tanto poder. La mayoría cree que mandando a la cárcel a los delincuentes se soluciona el problema, pero no es así. Lamentablemente, en la última década poco se ha realizado en el Sistema Penitenciario y está al borde del colapso. A pesar de los múltiples estudios que se han presentado sobre la mala gestión del sistema, la ausencia de carrera de los agentes penitenciarios y la falta de infraestructura, pasan los gobiernos y no se resuelven los problemas.
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Es de esperar que el presidente actual, quien fue director del Sistema Penitenciario, tenga como prioridad hacer una reforma profunda. Durante los primeros días de su mandato se han realizado varias requisas, encontrando armas, drogas, teléfonos y televisiones. También se mostraron cómo algunos privados de libertad viven en cuartos grandes y lujosos. Al respecto, el mandatario fue enfático diciendo que a futuro no permitirá privilegios. Además, comentó que pondrá a trabajar a los reclusos y que construirá una cárcel de máxima seguridad y otro centro penitenciario. El nuevo director presenta una actitud proactiva ante la situación.
“Se deben estudiar modelos de otros países y las mejores prácticas para el diseño, construcción y administración de los centros”.
La prioridad en el Sistema Penitenciario debería ser ampliar los espacios carcelarios. Actualmente, el sistema cuenta con alrededor de 25 mil privados de libertad y hay menos de siete mil espacios. El mayor reto es que cada año aumenta el número de privados de libertad en un 9%, pero no se incrementa la infraestructura. El hacinamiento es tal que equivale a sentar a cuatro personas en una silla. Hay centros que tienen una tasa de ocupación mayor, equivalente a siete personas por espacio, especial mención el Centro de Orientación Femenina (COF), Puerto Barrios y el Boquerón. Esto genera falta de control, complicaciones en la logística, dificultades para la rehabilitación, incumplimiento de derechos y protocolos, reducción de la vida útil de las instalaciones y ausencia de medidas de prevención en caso de emergencias.
Los distintos países en Centroamérica han invertido en los últimos años en ampliar la infraestructura carcelaria. Un estudio realizado recientemente por el CIEN señala que en el periodo 2014-2019 se habilitaron 35,540 nuevos espacios carcelarios y actualmente están en construcción 14,500 adicionales. El Salvador construyó 19,550, seguido por Honduras con 5,612; sin embargo, en Guatemala tan solo se habilitaron 130 espacios.
Difícilmente se podrá darles empleo a los privados de libertad si no hay suficiente área para alojarlos, no digamos para instalar talleres, fábricas o cocinas; pero también se requiere control interno de parte de los guardias, los cuales no cuentan con las competencias ni herramientas.
Es de mencionar que el perfil del privado de libertad ha cambiado en la última década. Actualmente, hay reclusos con muchos recursos, liderazgo y poder. Ahora bien, parte del problema es que Guatemala no cuenta con una cárcel de máxima seguridad. En otros países, los reos son clasificados y separados. Los más peligrosos son aislados y vigilados, cuentan con sistemas electrónicos sofisticados y son monitoreados por expertos. El estudio del CIEN indica que, según estimaciones de las autoridades penitenciarias, aproximadamente 800 privados de libertad deberían estar recluidos en instalaciones de alta seguridad. Esto debido a sus condiciones de personalidad violenta, su inadaptación a la vida carcelaria, lo que constituye un peligro para los otros reclusos y el personal, su poca voluntad para rehabilitarse porque siguen delinquiendo desde la cárcel o porque existe un peligro inminente de fuga. Actualmente, solo existen 32 espacios en el Preventivo de Matamoros, lo cual hace necesaria la construcción de al menos una cárcel de alta seguridad con suficientes espacios.
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El CIEN señala que hay 21 cárceles funcionando en Guatemala (cinco para cumplimiento de condena y 16 para prisión preventiva). Existe un déficit total de 18,640 espacios, de los cuales 9,970 son de cumplimiento de condena y 8,670 para prisión preventiva. Por lo tanto, debe priorizarse la construcción de infraestructura penitenciaria para los que cumplen condena y para los que se encuentran en prisión preventiva se podrían implementar otras medidas adicionales.
Definitivamente, el Sistema Penitenciario ha llegado a tal deterioro debido a falta de visión, planificación y acción. Lo primero que se recomienda es hacer un plan a mediano y largo plazos para la infraestructura carcelaria y el personal, basado en criterios técnicos, proyecciones a futuro e incluyendo posibles fuentes de financiamiento.
Se deben estudiar modelos de otros países y las mejores prácticas para el diseño, construcción y administración de los centros. Para este año, es imperante incluir la ampliación de espacios en el departamento de Guatemala y en la región Suroccidente, donde está la mayor concentración de reclusos. Por un convenio o decreto podrían bloquearse las señales de teléfono e internet en los centros; como referente se pueden tomar los marcos legales que países como El Salvador y Honduras utilizan. Los controles telemáticos deben funcionar e se debe ir poniendo en práctica un nuevo modelo de gestión administrativa con agentes profesionales y de carrera. ¿Qué opina que los reclusos sigan cometiendo delitos desde la cárcel? ¿Por qué no se invierte en el Sistema Penitenciario? ¿Estará el Congreso de acuerdo en aumentar recursos para construir más cárceles?
