Esta semana inició en el Congreso de la República la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones. Ha sido un proceso bastante atropellado principalmente por acciones de actores que tienen interés en cooptar el sistema judicial, como usualmente se ha realizado en los últimos procesos, para promover impunidad.
Estas acciones que se conocen como un “secreto a voces” fueron reveladas por una investigación del Ministerio Público (MP) en la que se dejan entrever las estrategias que utilizan para controlar el sistema de justicia.
La investigación presenta con evidencia documentada extrañas y curiosas relaciones que tejieron comisionados (integrantes de las dos comisiones de postulación), candidatos y electores, y diputados, en un marco bien complejo que evidencia, como muy bien indica el informe de investigación, una eminente amenaza a la independencia judicial.
Los señalados y sus aliados han tratado de hacer ver que estas relaciones se dan en un marco personal, incluso de amistad, fuera del contexto de la elección de jueces.
Es muy ingenuo dar validez y crédito a este tipo de argumentos, conociendo por un lado los intereses que están en juego y, por otro, las tradicionales formas que los actores han utilizado para cooptar las instituciones, entre ellas el sistema judicial. Basta recordar los famosos y alegres acuerdos entre Roxanna Baldetti y Manuel Baldizón, representados por los partidos PP y Líder.
El MP, frente a la amenaza inminente de que el Congreso de la República realizara la elección de jueces y que considerara en ese proceso a candidatos que están señalados en esa investigación, presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual resolvió y mandó al Congreso a elegir considerando los elementos presentados por el MP.
Más allá de la discusión que generó en la opinión pública la resolución de la CC, con los argumentos tanto a favor como en contra, el Congreso debe acatar y cumplir con lo resuelto y elegir a los magistrados a la CSJ y las Salas de Apelaciones.
Desde mi perspectiva, el Congreso debe realizar esa elección considerando elementos muy importantes que están en la resolución de la CC. Una de ellas es el proceso de razonamiento que los diputados deben implementar para indicar, para cada uno de los candidatos, si estos cumplen o no con los requisitos constitucionales de idoneidad, honorabilidad y capacidad.
En este caso, es importante indicar que los diputados al razonar y votar no afectan la presunción de inocencia de los señalados en la investigación del MP. Hay actores maliciosos que buscan desinformar y que están generando ruido para entorpecer la elección e impedir que estos candidatos sean excluidos de la elección, como lo indica la CC.
Los diputados no son jueces y con su voto están valorando subjetivamente la idoneidad, honorabilidad y capacidad de los candidatos. No están diciendo si son culpables o inocentes. Eso lo tendrá que hacer el sistema judicial.
Por ello, el Congreso debe aprobar para realizar la elección un procedimiento y criterios para excluir a los candidatos que están señalados en el informe del MP y además un mecanismo para razonar los votos.
No hay mucha discusión en este sentido. El Congreso debe elegir pronto y procurar que las personas electas cumplan con la idoneidad, honorabilidad y capacidad, requisitos constitucionales, y que además estén comprometidas con fortalecer la independencia judicial. No queremos más pactos de impunidad. ¿Qué opina usted?