Esta semana inició en el Congreso de la República la interpelación al Ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, promovida por el diputado de la oposición Aldo Dávila.
Esta acción se inserta en un contexto político bastante complejo. Por un lado, un fuerte cuestionamiento al Ejecutivo por el mal desempeño, desde la perspectiva de los ciudadanos, en el manejo de la pandemia. Un aspecto no menor, porque esta acción no solo somete a juicio político al ministro, sino que termina siendo un ejercicio para poner en el banquillo al gobierno en su conjunto.
Este aspecto genera condiciones para que el bloque legislativo oficial y sus aliados en el hemiciclo busquen los acuerdos para proteger al ministro y evitar que avance la interpelación, y evitar el voto de falta de confianza. Eso sería un golpe político fuerte a un Ejecutivo que está perdiendo apoyo y credibilidad.
No es ningún secreto que el oficialismo tiene serias dificultades para mantener un bloque dominante y cohesionado que le permita hacer prevalecer y avanzar una agenda legislativa hacia sus intereses. Las dificultades de sus operadores políticos para tejer acuerdos o bien la poca claridad o, en algunos casos, la ausencia de una agenda son algunos de los aspectos que debilitan la posición política del oficialismo en el Congreso. No obstante, el Ejecutivo no puede darse el lujo de que la interpelación termine siendo un golpe político.
Por otro lado, el ambiente político interno en el Congreso está altamente fragmentado, marcado por un estancamiento de la agenda legislativa, en medio de una convulsa y tensa elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones. Este último aspecto es uno de los principales factores del contexto que marcan la dinámica legislativa. Incluso algunas personas consideran que el principal interés del bloque oficial y sus aliados termina siendo retrasar esta elección.
A pesar de estos elementos del contexto interno y externo en el Congreso sí es importante generar las condiciones para fiscalizar y evaluar el accionar del Ejecutivo. Los resultados a primera vista no parecen muy alentadores. El gobierno ha demostrado que tiene dificultades para implementar las acciones que, en medio de la pandemia, se necesitaban que las tomara y, en varias dimensiones, no las ha tomado. Un pequeño ejemplo son los atrasos en el pago del personal que trabaja en la primera línea en los hospitales temporales, entre muchos otros.
Evidentemente, este tipo de ejercicios resultan interesante si lo enmarcamos en el proceso de la discusión del presupuesto para el próximo año y de las circunstancias complejas que estamos enfrentando, derivados de la pandemia, porque resulta necesario e indispensable evaluar las acciones del Ejecutivo.
Lo contraproducente es que en este contexto la interpelación puede, en lugar de ser un espacio para evaluar el desempeño del ministro de Desarrollo Social, ser un elemento más que ayude a crear condiciones y excusas para entrampar y estancar la agenda legislativa. No logra sus objetivos de control y abona a los intereses, contradictoriamente, del oficialismo.
No obstante, una lección política que deja esta interpelación, para futuras ocasiones, es que no basta con activar los mecanismos de control y balance de poder. Se requiere complementariamente impulsar un importante esfuerzo por construir un objetivo político claro y, además, trabajar intensamente en generar condiciones políticas internas y externas para que sea un instrumento efectivo. ¿Qué opina usted?