La Ley de Orden Público, que es considerada como una ley de carácter constitucional, es la reguladora del sustento normativo concerniente a los estados de excepción (artículo 139). Además, la Constitución contempla la actuación que debe prestar el procurador de los Derechos Humanos durante el régimen de excepción, para que se garanticen a plenitud los derechos fundamentales cuya vigencia no hubiere sido expresamente restringida (artículo 275). No afecta el funcionamiento de los organismos del Estado y sus miembros gozarán siempre de las inmunidades y prerrogativas que les reconoce la ley; tampoco afectará el funcionamiento de los partidos políticos. Adicionalmente, cataloga y desarrolla los cinco estados de excepción según su naturaleza y gravedad, los que se pueden agrupar en dos categorías, temas de afectación de la seguridad (Prevención, Alarma, Sitio y Guerra) o desastres (Calamidad Pública). Durante el año se han decretado siete estados de Prevención, dos estados de Sitio y un estado de Calamidad -prorrogado varias veces-.
El estado de Prevención no necesita aprobación del Congreso y su vigencia no excederá de 15 días. El estado de Sitio podrá ser decretado ante actividades terroristas, sediciosas o rebeldes, riesgo del orden constitucional o la seguridad del Estado, actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato o ataques armados. El estado de Calamidad Pública es para evitar o reducir efectos de calamidades o fenómenos de la naturaleza. Los últimos dos deberán ser decretados por el presidente de la República en Consejo de Ministros y ratificados por el Congreso por un máximo de 30 días.
Previo a la pandemia, se decretaron estados de Prevención en 12 municipios de tres distintos departamentos: Guatemala (Mixco, San Juan Sacatepéquez y Villa Nueva), Chimaltenango (El Tejar, Chimaltenango y San Andrés Itzapa) y Escuintla (Tiquisate, San José, Palín, Escuintla, Nueva Concepción y Santa Lucía Cotzumalguapa), enfocados en desarticular grupos criminales vinculados al sicariato y la extorsión, en particular pandillas criminales, todos con seis días de duración.
Según información recopilada por el CIEN, cuya fuente es el Ministerio de Gobernación, los operativos tácticos policiales se enfocaron en establecer puestos de registro en distintos puntos de las carreteras principales de los municipios intervenidos, en donde se identificó a las personas que transitaban y el medio de transporte en el que se movilizaban: buses, vehículos y motocicletas. Actividad en que se identificaron 64,450 personas, 29,860 vehículos y 19,840 motocicletas, en la que fueron aprehendidas 200 personas (144 por orden de aprehensión giradas dentro de las investigaciones previas realizadas por la policía) y se consignaron 40 motocicletas y 20 vehículos. Otros resultados de resaltar son la incautación de 3,300 municiones (la mayoría en el estado de Prevención en Escuintla), 509 allanamientos, la perfilación de 362 presuntos pandilleros (la mayoría en el estado de Prevención en Villa Nueva) y la identificación de 432 armas de fuego, de las cuales 109 fueron incautadas.
Luego, en mayo, se implementó la figura del estado de Sitio en Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán del departamento de Sololá, ante la escalada de la violencia registrada en la región debido al conflicto histórico sobre límites territoriales, el cual fue ratificado el 11 de junio por el Congreso y nuevamente prorrogado en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán por otros 30 días más.
Los resultados en Sololá se resumen en incautación de armamento y equipo que estaba siendo utilizado por los grupos en conflicto: 54 armas de fuego, 36 armas artesanales, 1,837 bombas caseras, 10,480 municiones y 130 morteros artesanales, así como 90 celulares, 22 radiocomunicadores, 2 drones y 4 computadoras, para lo que las autoridades puntualizaron que “con el desmantelamiento del poder de fuego de ambos bandos se espera que avancen las negociaciones para resolver las diferencias por la vía pacífica y legal”.
Debido al incremento en la conflictividad, la criminalidad y la persistencia de actividades relacionadas con el narcotráfico en la región de Alta Verapaz e Izabal, se intentó continuar utilizando esta figura, pero el Congreso no ratificó los estados de Sitio por falta de cuórum, por lo que finalmente con los decretos 14 y 16 -2020, el Ejecutivo estableció estado de Prevención en El Estor, Izabal, Morales y Livingston del departamento de Izabal, así como en Panzós y Santa Catalina La Tinta de Alta Verapaz. Durante este se incautaron 19 armas y 184 cartuchos útiles, se detuvo a 155 personas, se incautaron tres vehículos, 48,200 arbustos de coca, US$21,880 y 39 paquetes de marihuana.
El 29 de septiembre el Ejecutivo dio por terminado el estado de Calamidad que regía desde el 5 de marzo ante la pandemia del Covid-19. El 1 de octubre se decretó un nuevo estado de Prevención en los departamentos del Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso. El gobierno informó que esto fue debido al ingreso de miles de hondureños que van en caravana a los Estados Unidos. Se toma esta decisión debido a los problemas de salud y de seguridad que pueda causar la situación.
Algunos activistas se han pronunciado en contra; sin embargo, evidencian resultados y muestran los grandes desafíos que presentan algunos territorios del país. Las recomendaciones de los estudios del CIEN señalan que aunque los estados de excepción son estrategias que pueden aportar a mejorar la seguridad ciudadana en el corto plazo, es necesario evaluar su utilización y considerar aumentar la presencia de las distintas instituciones del Estado en estos departamentos y municipios, pues es la ausencia de los servicios públicos y fuentes de empleo lo que facilita las actividades de los grupos criminales del narcotráfico, invasores y robo de energía eléctrica, en detrimento del bienestar de la población en general.
Es crucial seguir fortaleciendo a la Policía Nacional Civil, dotarla de equipo y mejorar sus capacidades, especialmente en el campo de investigación criminal e inteligencia policial. ¿Qué opina que ya no haya estado de Calamidad? ¿Está de acuerdo con el estado de Prevención decretado recientemente? ¿Cómo logramos seguridad ciudadana de forma permanente?