El Norte volvió a dar señales contundentes y muy directas. Es obvia su molestia por la descarada operación criminal que come ansias por capturar la justicia en Guatemala. El tono es cada vez más severo. El secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló ayer en su cuenta de Twitter que “los actos corruptos de Delia Bac y Felipe Alejos Lorenzana socavaron el Estado de derecho”. A lo que añadió esto: “Los designo públicamente, junto con los familiares inmediatos de Alejos, como personas no autorizadas para ingresar a Estados Unidos”. Ello ocurre menos de una semana antes de las elecciones en aquel país. Y eso implica una postura definida que, en todo caso, solo podría endurecerse si el Partido Demócrata resulta vencedor. Pero gane quien gane el próximo 3 de noviembre, esta política se mantendrá. De hecho, en un documento titulado “El plan de Biden para construir seguridad y prosperidad en sociedad con la gente de Centroamérica”, se destaca la cero tolerancia con la corrupción. Y no una, sino varias veces.
¿Hará falta más evidencia de lo que viene? No hay que ser demasiado listo para adivinarlo. El exembajador Stephen McFarland ya lo había dicho en una entrevista por la radio: Lo expresado hace tres semanas por el subsecretario Michael Kozak, al advertirle a la fiscal general que persiga corruptos y no a los fiscales que trabajan para procesarlos es la opinión del Gobierno estadounidense, no solamente la de él. Por si había alguna duda, el tuit de Pompeo no deja margen para perderse. Además, McFarland dice estar seguro de que habrá incluso más sanciones para otros guatemaltecos como las aplicadas a Bac y a Alejos. En tal sentido, no quisiera estar en los zapatos de la mayoría de los actuales magistrados de la Corte Suprema. Su actuar en el caso de Felipe Alejos, exonerándolo una y otra vez de ser investigado, los pone en una situación como mínimo incómoda.
Asimismo, a los aliados y a los voceros que han endosado las causas que abandera ese diputado y quienes lo secundan. La insolencia de lo que ha dado en llamarse el “pacto de corruptos” había traspasado los límites. En serio creyeron que les iba a ser muy fácil cooptar al Estado y seguir a sus anchas con el saqueo. Imagino lo mal que la deben estar pasando algunos de los que, ya sea por necesitar impunidad o por pura simpatía ideológica con quienes se proclaman “luchadores contra la cruzada comunista que quiere volvernos otra Venezuela”, se han manifestado proclives al plan de secuestrar la justicia. Se percibe mucha corrupción en el ambiente.
El episodio de los Q135 millones “perdidos” no ayuda al Ejecutivo porque este tampoco proyecta decisión ni voluntad para inspirar confianza. Aunque haya roto relaciones con Felipe Alejos, sus vínculos con el grupo más oscuro del Congreso se mantienen. El MP no debería tardarse demasiado en hacer el dos y dos son cuatro del tema de la supuesta falsificación de firma que el director de Caminos dice ahora que mencionó “por error”. Porque, según declaró ayer, son otros los documentos en los que él sospecha que se perpetró el fraude. Confío en que la fiscalía a cargo hará pronto el peritaje para establecer si el funcionario miente o si por nervios durante la citación con la UNE delató a una estructura criminal adentro del ministerio.
Por cierto, hablando de esa cartera, no pasan por alto las revelaciones de Alejandro Sinibaldi, extitular del CIV, quien dijo a la prensa que ahí existe un añejo mecanismo de sobornos y que, si se investigara a fondo, muchos nombres saldrían a relucir con fortunas mal habidas, obtenidas en esa dependencia gubernamental a la que describe como todo un botín. No es casualidad que el prófugo más célebre de los últimos tiempos sea José Luis Benito, hasta ahora el único nombre que ha salido a luz por el escándalo de los Q122 millones de La Antigua Guatemala. Pero es casi jugada cantada quiénes son sus cómplices.
“Poner las barbas en remojo” es la frase del momento. Me aventuro a afirmar que este somatón de mesa que viene desde el Norte puede ser hasta más complicado de manejar que la misma CICIG. Porque con un Estados Unidos claro y decidido en su papel para combatir la corrupción ni siquiera vale “poner los pies en polvorosa” porque tarde o temprano el que la hizo tendrá que pagarla.