Esta semana la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar la acción promovida por varios actores que presentaron amparos para detener la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales. Es alarmante porque si esto llega a materializarse, se estaría formando un instrumento para restringir derechos humanos fundamentales, como el de la libertad, organización y participación.
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Es motivo de alarma y preocupación lo que estamos viviendo en el país. No nos estamos dando cuenta y estamos poniendo en grave riesgo el sistema democrático, que con tantos esfuerzos y desafíos hemos estado tratando de consolidar.
Estas acciones son promovidas por un Congreso interesado en impulsar una agenda regresiva en materia de derechos humanos e institucionalidad democrática, acompañado del Ejecutivo, que respalda estas acciones y que, a pesar de las solicitudes, no vetará las reformas, y una CC complaciente con estos intereses, que está abriendo la puerta para que las reformas cobren vida.
Estas acciones reflejan los efectos que se viven en sistemas en los que los pesos y contrapesos, el balance entre los poderes del Estado, la institucionalidad y el Estado de derecho son anulados por estructuras políticas que cooptan el Estado. Ahí la preocupación que se ponía sobre la mesa en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la CC.
Las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales se constituye en un instrumento que las autoridades, con fines autoritarios, pueden utilizar para restringir derechos y libertades. Les estamos dando la posibilidad para que, de manera discrecional, autoridades con claras intenciones autoritarias y de represión política puedan cerrar organizaciones que incomoden, cuestionen o critiquen, es decir pueden callar a la oposición.
Están tratando de argumentar que las reformas son necesarias para promover la transparencia y la fiscalización, desviando la atención de la principal motivación, y es necesario desenmascarar ese falso argumento. El objetivo es consolidar un instrumento para reprimir y bloquear a la oposición.
No caigamos en el juego sucio de la desinformación que trata de maquillar las verdaderas y perversas intenciones. No necesitamos estas reformas para fiscalizar los recursos de las ONG porque existen los mecanismos e instrumentos para hacerlo.
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Por ello, es un momento en que los líderes empresariales, sociales y políticos de este país que deseamos vivir en un sistema democrático nos tenemos que oponer abiertamente a que entre en vigor este instrumento de represión política.
No se tata de entramparnos en posiciones ideológicas de izquierda o derecha. Los gobiernos autoritarios no discriminan cuando se trata de callar y reprimir. Nos vamos todos en el “mismo costal” y no importa cuál posición ideológica tengamos. La indiferencia o el consentimiento se puede convertir en lamento y arrepentimiento.
Con una ley así entramos a una “prestigiosa lista” de países gobernados por políticos autoritarios y corruptos: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Guinea Ecuatorial, Congo, Burundi, Sierra Leona, Egipto, Camboya, Etiopía y Zimbabue. ¿Qué opina usted?
