Recién estábamos en una discusión con unos jóvenes y me pareció sorprendente que no conocieran la dinámica del Congreso de la República, su función e impacto que tiene en el desarrollo y gobernanza del país. Son 160 diputados elegidos por los guatemaltecos por cuatro años. Pertenecen a los distintos departamentos y se agrupan en 19 bloques. Su misión es legislar, fiscalizar y representar a los guatemaltecos.
Los primeros días del año del Congreso siempre son agitados debido al cambio de junta directiva y las asignaciones de las presidencias de las comisiones de trabajo. En cuestión de días tomaron posición e iniciaron su trabajo. Es de recordar que son 38 comisiones ordinarias, cuyos presidentes se distribuyen de acuerdo con el artículo 34 del Decreto 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL). Las comisiones son el corazón del Organismo Legislativo, razón por la que se debe dar seguimiento a su buen funcionamiento.
Se ha visto en las últimas legislaturas un mejor sistema para formular las órdenes del día de la semana y llevar a cabo las sesiones del pleno. Durante las reuniones de la Instancia de Jefes de Bloque, que por lo general son los lunes, se acuerda el número de sesiones ordinarias con los puntos acordados.
Este año se han publicado cuatro decretos: 1) Ley para ratificar el estado de Sitio en Nahualá y Santa Catarina, 2) Ley para eliminar la chatarra de las escuelas, 3) Ley que declara el Día nacional del profesional humanista educador y 4) Reformas a la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. Dos temas llaman la atención. El Congreso constantemente pone en su agenda que llevará a cabo la elección de magistrados, actividad que no realiza; y un segundo, la lista de ministros a quienes desean interpelar durante este año.
Hace un mes, la Alianza por un Congreso Eficiente presentó un análisis del desempeño del Congreso del año 2021. La metodología para evaluar es analizar si este organismo es respetuoso de su propia ley interna. A continuación, presento algunos hallazgos y una serie de recomendaciones.
La actividad legislativa estuvo marcada por propuestas de bloques legislativos, comisiones, hubo dos interpelaciones (otras dos pendientes) y apenas se discutió la candidatura de tres personas de 270 candidatos para elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Salas de Apelaciones. Se impulsó desde el Organismo Ejecutivo una agenda legislativa de reactivación económica. De 145 iniciativas de ley que se presentaron a Dirección Legislativa en 2021, el Pleno del Congreso conoció 62, además de otras 22 presentadas en años anteriores. Se aprobaron 20 decretos, seis por urgencia nacional y uno fue vetado por el Ejecutivo.
El Congreso sesionó en el Pleno durante 86 ocasiones. Del seguimiento a la asistencia al Pleno, se encontró que 12 diputados asistieron a 82 o más sesiones, lo que equivale al 95% del total realizadas y seis diputados asistieron a la mitad o menos. Al revisar la asistencia promedio por el partido político por el que fue electo el diputado, los de Victoria, UNE y Prosperidad Ciudadana asistieron al 75% o menos de las sesiones. Los diputados electos en los distritos de Izabal, Santa Rosa y Petén asistieron al 68% o menos de las sesiones.
Se monitorearon 10 de las 38 comisiones de trabajo. La mayoría cumplió con el mínimo de sesiones requeridas según el artículo 28 de la LOOL. Sin embargo, 80 de las 210 sesiones se realizaron de forma consecutiva solo para cumplir con el requisito formal, lo cual no tiene sentido. Las comisiones de Apoyo Técnico, Gobernación y Educación fueron las que hicieron la mayoría de sus sesiones de forma consecutiva. De las 210 sesiones realizadas, solo en 26 no se contó con cuórum de votación, consistente en la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de comisión, según el artículo 36 de la LOOL. Las comisiones de Apoyo Técnico, Asuntos Electorales y Legislación y Puntos Constitucionales realizaron alrededor de un tercio de sus sesiones sin contar con cuórum de votación.
El 72% del gasto del Congreso fue en servicios personales. El presupuesto devengado en 2021 fue el más alto en los últimos cinco años (Q853 millones). Entre 2020 y 2021 el Congreso gastó Q69.3 millones adicionales, siendo los mayores aumentos en personal por contrato (Q23.2 millones más) y en mantenimiento y reparación de edificios (Q13.9 millones más). El gasto por pago de sentencias judiciales se incrementó un 200% correspondiente a un incremento de Q5.5 millones en este renglón. Para 2022, el presupuesto aprobado aumentó 7% respecto al vigente de 2021, es decir Q67 millones más, con lo que el presupuesto del Congreso en 2022 ya alcanza los mil millones de quetzales. Respecto al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública -LAIP- se observó un nivel de cumplimiento alto del 93%, aunque persisten desafíos respecto a publicación de información de comisiones de trabajo específicamente en cuanto a la liquidación de fondos rotativos y a la publicación de la agenda de las sesiones de comisión con 24 horas de anticipación.
La Alianza recomienda contar con una agenda legislativa explícita y lograr su cumplimiento. Es importante contar con una agenda para desarrollar y modernizar el país, especialmente en el tema de gestión pública y digitalización. Adicionalmente, deben cumplir con la elección de los magistrados. También se recomienda tomar acciones administrativas para los diputados que no asisten a las sesiones del Pleno. Reducir el número de comisiones de trabajo según su pertinencia y realizar las sesiones en días distintos durante el mes. Mejorar la publicación de información de las comisiones de trabajo para cumplir la LAIP y estar en constante comunicación con la población. No aumentar desmedidamente el recurso humano y contratarlo conforme a mérito y especialidad debido a que muchas iniciativas requieren un conocimiento puntual para su formulación. Por último, es determinante seguir el principio de austeridad en el gasto. ¿Qué opina del Congreso? ¿Cuál diputado lo representa? ¿Cómo lograr el impulso de una agenda de desarrollo?